El sindicato ELA ha manifestado su descontento con la actuación del Gobierno Vasco, al criticar la incoherencia de sus decisiones, que parecen alinearse con las directrices impuestas por el Gobierno de Madrid, a pesar de que se presentan discursos que abogan por el autogobierno en el País Vasco. Esta crítica se produjo durante la celebración de la Mesa General en Lakua, donde se abordaron temas como el contrato de relevo y la jubilación anticipada.
Durante la reunión, Maite Barruetabeña, Viceconsejera de Empleo Público, rechazó una propuesta presentada por ELA que buscaba restablecer el derecho a la jubilación anticipada, suprimido a partir del 1 de abril. Este cambio, según el sindicato, refleja un seguimiento ciego de las normativas establecidas por las autoridades madrileñas. ELA ha señalado que este tipo de actuaciones no solo menoscaban los derechos de los trabajadores públicos vascos, sino que también evidencian una falta de iniciativa por parte del Gobierno Vasco para buscar soluciones que sean específicas para el contexto vasco.
En su propuesta, ELA argumentaba que existían mecanismos que permitirían a los trabajadores laborales acceder a la jubilación parcial y que, además, se deberían implementar medidas que facilitaran a los funcionarios y personal estatutario la posibilidad de anticipar su jubilación. Entre las sugerencias figuraba la extensión del acuerdo ya logrado en áreas de limpieza y cocina del Departamento de Educación, así como la recuperación de las primas de jubilación estipuladas en los convenios del Gobierno Vasco.
La actitud del Gobierno Vasco ha sido objeto de reproches, especialmente por la disparidad entre sus discursos y acciones. Igor Eizagirre, responsable de Gizalan-Servicios Públicos, ha manifestado que «hacer seguimiento de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno del estado y los sindicatos minoritarios en nuestro país tiene consecuencias muy graves para las y los empleados públicos vascos». ELA ha dejado claro que no cesará en sus esfuerzos por movilizar a los trabajadores y exigir a las instituciones que se tomen decisiones que beneficien al sector público en Euskal Herria.
El sindicato ha planeado continuar con huelgas y manifestaciones con el fin de presionar a las instituciones y partidos políticos para que pongan en marcha medidas que permitan mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos vascos. Este contexto pone de manifiesto la necesidad de que la administración pública en Euskadi asuma un papel más activo y comprometido, lejos de la influencia que ejercen las normativas estatales sobre las decisiones en el ámbito autonómico.
Las críticas de ELA resaltan un debate fundamental sobre la capacidad del Gobierno Vasco para ejercer su autonomía y responder a las necesidades específicas de sus trabajadores. En un momento en que la situación laboral es un tema candente, la respuesta de las autoridades vascas será crucial para determinar el rumbo de las relaciones laborales en la comunidad autónoma.
