El Gobierno Vasco ha decidido no tramitar la propuesta presentada por los sindicatos para que la comunidad autónoma establezca su propio Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta decisión se basa en la interpretación de que la iniciativa no tiene «cabida jurídica», al considerar que invade competencias que, según la Constitución, corresponden al Estado. Por lo tanto, es probable que los partidos en el Ejecutivo, el PNV y el PSE, no apoyen la medida en el Parlamento de Vitoria.
La propuesta, impulsada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, HIRU y Etxalde, fue registrada a finales de agosto tras la recopilación de 138.495 firmas. Sin embargo, el vicelendakari y consejero de Economía, Mikel Torres, ha aclarado que solo 10.218 han sido certificadas por la Junta Electoral, lo que ha generado un desfase en el número presentado.
Los sindicatos buscan que el SMI se eleve a 1.795 euros en 14 pagas, una cifra que supera con creces los 1.184 euros establecidos para este año en el conjunto de España. Para lograrlo, la propuesta planteaba una modificación del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que actualmente otorga al Gobierno de España la autoridad para fijar el SMI mediante negociación con sindicatos y patronal.
En la reunión semanal del Ejecutivo, se emitió un dictamen en contra de la propuesta. Mikel Torres explicó que el fundamento de esta negativa es de carácter jurídico, ya que la legislación laboral es considerada como una competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149 de la Constitución Española. Para llevar a cabo cualquier reforma en este ámbito, sería necesaria una ley orgánica aprobada en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno Vasco manifestó que su postura está orientada a fomentar acuerdos a través de la negociación colectiva, un proceso que actualmente atraviesa dificultades debido a las discrepancias entre los sindicatos y la patronal vasca, representada por Confebask. Tras este anuncio, EH Bildu ha criticado la decisión del Ejecutivo, calificándola de “error” de los socios del Gobierno.
Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu, argumentó que si el PNV realmente defiende la idea de tener «herramientas propias y no delegadas en materia socio-laboral», debería renunciar a la transferencia de las prestaciones por desempleo, una medida que previamente catalogó como «histórica». Este comentario surge en un contexto en el que las propuestas de la ILP se perciben como una amenaza a la autonomía del País Vasco, sugiriendo que la región podría quedar «bajo la supervisión del Estado y sujeta a la voluntad de los tribunales españoles».
Otxandiano también hizo referencia a una nota emitida por el PNV, donde se expresaba la postura respecto a la ILP y se señalaba que esta se aleja de la creación de un marco propio de relaciones laborales. Esta opinión fue calificada por EH Bildu como “tramposa”. Por su parte, Mikel Torres reafirmó que la postura del PNV sigue siendo la del PNV, sin embargo, se mantiene la necesidad de continuar el debate sobre el SMI en el Parlamento, donde se espera que los sindicatos reanuden sus esfuerzos para impulsar la iniciativa.
Con la situación actual estancada, resulta evidente que las diferencias entre las partes afectadas dificultan la posibilidad de llegar a acuerdos en un tema tan crucial como el del salario mínimo. La resolución de este conflicto podría tener un impacto significativo en las condiciones laborales y la calidad de vida de los ciudadanos vascos, lo que subraya la importancia de abordar esta cuestión en el ámbito legislativo.
