El Gobierno Vasco ha mostrado una respuesta favorable al reciente anuncio del ministro del Interior, destacando la alineación de esta iniciativa con las propuestas previas del lehendakari, Patxi López. Este último, en el pleno de política general celebrado en septiembre, había solicitado una revisión de la política penitenciaria, especialmente tras el cese de la violencia por parte de ETA. Según fuentes consultadas, se considera que la propuesta del Ministerio es un paso significativo hacia una política más adaptable a las nuevas realidades.
El consejero de Interior, Rodolfo Ares, mantuvo una conversación matutina con el ministro, confirmando la disposición del Ejecutivo para colaborar en la implementación de este plan. Además, el PSOE ha reiterado su apoyo a las políticas anti-terroristas, una postura que fue enfatizada por la vicesecretaria de organización socialista, Elena Valenciano.
Durante los actos conmemorativos del 75º aniversario del bombardeo de Gernika, López delegó la respuesta a su comisionado para la paz y la convivencia, Jesús Loza. Este ha estado involucrado en gestiones discretas con el ministerio, trabajando desde antes de la creación oficial de su figura. Loza afirmó que el nuevo enfoque es «un paso positivo y un avance en la buena dirección», aunque subrayó que la disolución de la banda sería un elemento crucial que facilitaría aún más la reinserción de los presos.
El comisionado también destacó la contradicción que supone que Batasuna cumpla con la legalidad para participar en las instituciones, mientras que se niega a permitir que los presos hagan lo mismo. A su juicio, esto obstaculiza el inicio de un proceso que podría mejorar la situación de los encarcelados, enfatizando que la clave es una reinserción individual que respete el Estado de derecho.
Urkullu: “Debemos ayudar entre todos, siendo conscientes de las circunstancias”
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha manifestado que el plan propuesto es «constitucional», resaltando que siempre ha existido la opción de que un preso se arrepienta y colabore con la Justicia. Aclaró que esto no implicaría “impunidad para los presos ni que los asesinos salgan gratis a la calle”.
Por su parte, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha señalado que hay aspectos que merecen una revisión, particularmente en lo que respecta a cómo se interpreta el perdón hacia las víctimas. Urkullu instó a dar pasos en conjunto, reconociendo la complejidad de las circunstancias que afectan a todas las partes involucradas.
Desde el ámbito independentista, se han expresado críticas al plan. La izquierda abertzale emitió un comunicado donde denuncia que el Gobierno español, liderado por el Partido Popular, ignora las demandas de la sociedad vasca para poner fin a la política penitenciaria que se aplica a los presos políticos. En ese sentido, el comunicado exige que se abandone de manera inmediata esta «política inhumana de excepción».
El diputado general de Guipúzcoa, Martin Garitano, de Bildu, considera que el nuevo plan no presenta avances significativos y ha exigido la repatriación inmediata de todos los presos políticos vascos, así como la excarcelación de aquellos que han cumplido la mayor parte de sus condenas. Garitano argumentó que una sociedad democrática no debería mantener a 700 presos políticos, criticando al Gobierno por su postura de inmovilismo.
La situación en torno a la política penitenciaria en Euskadi continúa generando debate y controversia. A medida que se desarrollen los acontecimientos, será crucial observar cómo se implementan estas propuestas y qué impacto tendrán en la convivencia y la paz en la región.
