El caso del palacete, revelado por EL CORREO, genera un gran interés debido a la controversia sobre la legalidad del derribo de un edificio del siglo XIX en Anoeta. Este incidente tuvo lugar en agosto de 2024 y fue llevado a cabo por una cooperativa que contaba entre sus miembros con dos concejales del PNV. La cuestión central es si el inmueble contaba con protección, ya que la Ertzaintza ha acumulado evidencias, con cerca de mil páginas, que sugieren que el edificio no debía ser demolido debido a su estatus de protección otorgado por el Ayuntamiento.
La postura de la Ertzaintza se alinea con la del arquitecto especializado en Patrimonio que denunció haber sido apartado del expediente relacionado. En este contexto, el Gobierno Vasco ha respaldado esta interpretación. La Dirección de Patrimonio Cultural, perteneciente al departamento de Cultura y Política Lingüística, envió un informe al Juzgado número 2 de Instrucción de Getxo, confirmando el valor del edificio y subrayando que era un «bien a proteger». Este informe también sostiene los argumentos que previamente habían sido presentados por la sección de Medio Ambiente y Patrimonio de la policía autonómica.
Las expertas en la materia han confirmado que el palacete estaba registrado en el inventario del Centro de Patrimonio Cultural Vasco y que, de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento, contaba con una Custodia Municipal. Además, el informe destaca que cuando se concedió la licencia a la cooperativa para iniciar la promoción urbanística, estaba vigente la «ley de Patrimonio Cultural vasco de 2019». Según esta normativa, los edificios a preservar se dividen en tres categorías: especial, media y básica. El palacete estaba clasificado como un «bien de protección básica» debido a su custodia municipal, y, por lo tanto, no podía ser derribado, ni total ni parcialmente.
Este punto es crucial, ya que la Ertzaintza indicó en su atestado que la licencia otorgada por el Ayuntamiento para la demolición vulneraba la «Ley de Patrimonio», ya que no existía un «informe jurídico que avalase la obra». En este sentido, el departamento de Patrimonio también recordó al juez que había enviado un informe al Consistorio durante la revisión del PGOU, donde ya se cuestionaba la legalidad del derribo, aunque este documento carecía de «vinculación jurídica».
El juez encargado de la investigación ha solicitado, a principios de mes, informes que aclaren la situación del edificio tanto al Gobierno Vasco como al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro y al arquitecto municipal del Ayuntamiento de Getxo, quien es especialista en patrimonio. En esta causa se investigan posibles delitos contra el patrimonio y de prevaricación que involucran a varios de los diez imputados, incluidos tres concejales del PNV y tres técnicas municipales.
La situación actual del palacete y la controversia en torno a su derribo subrayan la importancia de la protección del patrimonio en la comunidad. La respuesta del Gobierno Vasco, junto con las investigaciones en curso, podría tener un impacto significativo en la percepción pública sobre la gestión del patrimonio cultural en Gipuzkoa. Este caso no solo plantea cuestiones legales, sino que también resalta la necesidad de un debate más amplio sobre la preservación de la historia arquitectónica de la región.
En última instancia, el desarrollo de este caso servirá como un referente para futuras decisiones sobre la protección del patrimonio en el País Vasco, dado que plantea interrogantes sobre cómo se equilibra el desarrollo urbano con la conservación cultural. La comunidad y las autoridades están a la expectativa de los próximos pasos en este complejo asunto, que pone en juego tanto la legalidad como la ética en la gestión del patrimonio.
