El Gobierno Vasco ha decidido solicitar al Gobierno central la implementación de cambios legislativos que permitan la prohibición total del porte de armas blancas en varios espacios, incluyendo zonas de ocio nocturno, medios de transporte y sus accesos, así como en espacios públicos y festivales con gran concentración de personas. Esta medida fue presentada por el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, durante el pleno de control del Parlamento Vasco, en respuesta a la inquietud expresada por la parlamentaria del PP Ainhoa Domaica sobre el aumento de delitos relacionados con armas blancas en Euskadi.
Desde el inicio de 2023, la Ertzaintza ha puesto en marcha un plan orientado a reducir la presencia de armas blancas y otros objetos peligrosos en las calles. Este programa se ha enfocado en aquellas áreas con mayor incidencia de conflictos y lugares de entretenimiento. Según Zupiria, las acciones implementadas han permitido disminuir la presencia de armas en el espacio público y han contribuido a una disminución en el número de delitos.
En un periodo de tres años, las autoridades han logrado ocupar 5.171 armas blancas y 1.821 objetos potencialmente peligrosos. Además, se han presentado 4.102 denuncias administrativas y se han llevado a cabo 3.032 inculpaciones. Sin embargo, el consejero destacó que estas intervenciones están limitadas por la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, que considera falta grave portar, exhibir o usar armas prohibidas. También mencionó que el Reglamento de armas prohíbe específicamente elementos como bastones estoque, puñales de cualquier tipo, navajas automáticas y hojas de más de 11 centímetros.
Zupiria argumentó que la normativa actual es insuficiente y anunció que el Gobierno Vasco propondrá modificaciones a ambas leyes para endurecer las restricciones sobre el porte de armas blancas, especialmente en lugares de ocio y medios de transporte. Esta iniciativa busca reforzar la seguridad ciudadana y hacer frente al creciente problema de violencia vinculada al uso de armas blancas.
Esta propuesta surge en un contexto donde la seguridad en espacios públicos se ha convertido en una prioridad para las autoridades vascas. En un momento en el que la preocupación por la delincuencia ha aumentado entre la población, el Gobierno Vasco se esfuerza por implementar medidas que garanticen un entorno más seguro para los ciudadanos. A medida que se discuten estas reformas, se espera que la sociedad civil y los partidos políticos se involucren en el debate sobre la eficacia y la necesidad de estas regulaciones.
