El Gobierno Vasco y el Ejecutivo central alcanzaron recientemente un acuerdo crucial que permitirá la transferencia de cinco competencias pendientes, un paso significativo en la evolución del autogobierno en Euskadi. Este acuerdo se selló en una reunión celebrada el jueves y se encuentra enmarcado en el proceso de completar el Estatuto de Gernika. A pesar de este avance, la situación sigue siendo compleja, con la necesidad de nuevas negociaciones para abordar un total de 16 competencias y 10 documentos adicionales, que incluyen temas delicados como la gestión de los aeropuertos y el Puerto de Pasaia.
El plazo para finalizar estas negociaciones está marcado por el pacto de investidura entre el PSOE y el PNV, que establece el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite. Este contexto resalta la urgencia en las negociaciones, ya que el lehendakari Imanol Pradales y el presidente Pedro Sánchez deben programar una Comisión Bilateral para formalizar un nuevo acuerdo. Sin embargo, aún no hay una fecha definida para esta reunión, la cual podría verse afectada por las próximas elecciones autonómicas en Aragón, Castilla y León y Andalucía, programadas para febrero, marzo y junio, respectivamente.
La consejera María Ubarretxena ha señalado en una rueda de prensa que la celebración de esta reunión dependerá de las agendas de ambos dirigentes, advirtiendo que el contexto electoral podría influir en su calendario. A pesar de los desafíos, Ubarretxena ha reafirmado que el Gobierno Vasco sigue comprometido con el proceso, preparando un documento que será evaluado a finales de mes.
Las elecciones que se aproximan podrían tener un impacto significativo en el futuro político de España, y particularmente en el desarrollo del autogobierno vasco. Sánchez ya ha respondido a los resultados desfavorables en elecciones anteriores, como ocurrió en 2023, y ahora se enfrenta a un escenario en el que las encuestas apuntan a un posible crecimiento del PP y Vox. Esto podría llevarle a decidir entre convocar elecciones anticipadas o continuar con su mandato hasta 2027, una decisión que influiría en la finalización del Estatuto si no se concreta antes de un posible cambio de gobierno.
El proceso de transferencias incluye aspectos fundamentales como las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social para el cuidado familiar, la prestación contributiva de desempleo, y varios temas relacionados con la salud laboral y el salvamento marítimo. Estos acuerdos, que fueron discutidos por primera vez en julio, no solo representan un avance para el Gobierno Vasco, sino que también actúan como un soporte vital para Sánchez en un momento de incertidumbre política.
A medida que se avanza en las negociaciones, el futuro del autogobierno vasco depende en gran medida de la capacidad de ambos gobiernos para cumplir con las expectativas planteadas. La negativa a avanzar podría acentuar las tensiones entre el PNV y el Gobierno central, una situación que fue evidenciada por las declaraciones de líderes jeltzales que alertaron sobre las posibles repercusiones de no cumplir con el Estatuto de Gernika.
En este contexto, tanto el presidente Sánchez como el lehendakari Pradales tienen un interés particular en que las transferencias se lleven a cabo, siendo conscientes de que el cumplimiento de estos acuerdos es esencial para la estabilidad política en la región. El avance definitivo hacia la conclusión del Estatuto sería un hito histórico, marcando 46 años de esfuerzos continuos para desarrollar el autogobierno vasco.
La presión sobre el Gobierno central continúa, ya que la falta de un acuerdo definitivo podría acarrear consecuencias significativas para la legislatura actual y para la relación entre Euskadi y el Estado español. La posibilidad de un cambio en la administración central podría cerrar las puertas a futuros avances en el ámbito del autogobierno, lo que haría aún más urgente la necesidad de alcanzar un consenso antes de las elecciones.
