El Gobierno Vasco ha decidido adoptar medidas en respuesta a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula el traspaso a Euskadi de las competencias para la homologación de títulos universitarios extranjeros. Esta decisión va alineada con la postura defendida desde el inicio por el Ejecutivo que lidera el lehendakari Pradales. Desde el momento en que se conoció el fallo, el Gobierno vasco denunció que esta resolución constituía una «clara intromisión» en sus competencias y una vulneración del Estatuto de Gernika.
La consejera María Ubarretxena ha confirmado que, tras varias reuniones con los equipos jurídicos del Ejecutivo y el Ministerio de Política Territorial, se ha decidido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Antes de ello, se interpondrá un incidente de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo, lo que se considera un paso indispensable para poder acudir al Constitucional.
La portavoz del Gobierno vasco argumentó que la razón de esta actuación judicial es que el Alto Tribunal ha excedido sus funciones al pronunciarse sobre un tema que debe ser abordado por el Tribunal Constitucional, dada su «trascendencia constitucional». Además, subrayó que el Estatuto otorga a Euskadi la competencia de Educación en su totalidad, y que la sentencia del Supremo se refiere únicamente a la homologación de títulos, sin considerar su equivalencia, lo que también se ve afectado por el fallo.
“Es un ataque al Autogobierno, tenemos que defender el Estatuto y aquí ha habido una intromisión”, ha denunciado Ubarretxena. En este contexto, ha indicado que las personas afectadas por la suspensión de la homologación también tendrán la posibilidad de presentar un incidente de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo, ya que no fueron consideradas como interesadas en el proceso.
Asimismo, se valora la opción de que Euskadi asuma una encomienda de gestión transitoria para resolver alrededor de 200 solicitudes de homologación que han quedado pendientes tras la sentencia. La consejera ha mencionado que se está considerando solicitar la modificación del artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, para establecer que la ejecución de los procesos de homologación y declaración de equivalencia corresponda a las comunidades autónomas. Esto se plantea como una medida a largo plazo.
Por último, Ubarretxena ha destacado que junto al Gobierno español se impulsará una iniciativa para presentar una ley orgánica que regule de forma clara que los acuerdos adoptados en la Comisión Mixta de Transferencias deben tener acceso a la jurisdicción constitucional. Este camino en conjunto se busca para abordar adecuadamente la situación creada por el fallo del Tribunal Supremo.
La solicitud de amparo se prevé que sea acordada en el Consejo de Gobierno programado para el 8 de abril. En el mismo ámbito, el consejero de Universidades, Ciencia e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha advertido que la decisión del Supremo afecta gravemente a la competencia del Estatuto y a aquellos que estaban en proceso de solicitar la convalidación de sus títulos. Según Pérez Iglesias, se ha producido una contradicción entre la sentencia y el mecanismo de aprobación de los títulos, lo que pone de manifiesto la confusión generada por este fallo.
El procedimiento para la convalidación de los títulos comienza en las universidades, que son las que presentan la propuesta al Gobierno vasco, destacando el papel fundamental de UNIBASQ, la Agencia de Calidad del sistema universitario vasco. Una vez que se valida la propuesta, el departamento de Universidades, Ciencia e Innovación se encarga de autorizar el título. Esta dinámica pone de relieve que el proceso recae principalmente en la gestión autonómica, mientras que el Ministerio actúa como entidad que otorga la «valoración oficial».
Desde el inicio de la vigencia de estas competencias, cerca de 200 solicitudes fueron recibidas hasta que la suspensión cautelar se hizo efectiva. Pérez Iglesias también apuntó que, si se considera el número de interesados que podrían beneficiarse de este proceso, se estima que el total de expedientes se encuentra entre 600-800, lo que evidencia la necesidad de una resolución rápida y efectiva.
El Tribunal Supremo emitió la sentencia que anula el Real Decreto que permitía el traspaso de funciones y servicios de homologación de títulos universitarios extranjeros a Euskadi. En su fallo, el Alto Tribunal concluyó que la verificación de la homologación de estos títulos debe ser competencia exclusiva del Estado, lo que contrasta con lo establecido en el Estatuto que reclama esta competencia para las instituciones vascas.
