El debate sobre el salario mínimo de convenio en el País Vasco ha comenzado a tomar forma. El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, presentó recientemente un informe encargado por el Gobierno Vasco a una empresa externa. El objetivo de este estudio es proporcionar una referencia rigurosa que facilite la negociación colectiva, buscando mejorar los niveles salariales y reducir las desigualdades laborales.
El informe sugiere un aumento que oscila entre el 7 y el 17% en relación con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se establece a nivel nacional. Se plantea que el salario mínimo de convenio podría situarse entre 1.268 y 1.385 euros brutos en 14 pagas. Torres ha manifestado su esperanza de que este documento sirva como un punto de partida para alcanzar futuros acuerdos interprofesionales, dependiendo de la voluntad de los agentes sociales involucrados.
A pesar de este avance, el camino hacia la implementación de estas propuestas no es sencillo. En febrero, la patronal vasca Confebask se mostró reticente a participar en la mesa de negociación convocada por los principales sindicatos de Euskadi: ELA, LAB, CCOO y UGT. Esta semana, en un encuentro previo a su Consejo General, su presidenta, Tamara Yagüe, hizo comentarios sobre la situación, aunque de forma tangencial. Yagüe destacó que en el País Vasco se cuentan con los salarios más altos de España y que el nuevo salario mínimo de convenio afectaría a unas 23.000 personas, por lo que, según su criterio, no es un tema prioritario en este momento.
Los sindicatos ELA y LAB, en cambio, consideran que es un paso positivo que se hable de un salario mínimo de convenio, aunque critican que la propuesta del Gobierno Vasco no aborda adecuadamente la pobreza en los sectores más desfavorecidos. Sostienen que los efectos prácticos de la propuesta serían «marginales», beneficiando a solo 10.000 trabajadores, y demandan un salario mínimo de convenio de 1.500 euros, que consideran más acorde con la realidad del coste de vida en la comunidad.
Los sindicatos ELA y LAB solicitan un salario mínimo de convenio de 1.500 euros por el mayor coste de vida en Euskadi
Yagüe, por su parte, argumenta que antes de entrar en cifras, es esencial discutir cómo mejorar la competitividad empresarial. Según su opinión, el debate sobre salarios debe ir de la mano de otros factores que influyen en la sostenibilidad empresarial, como la reducción del absentismo laboral, un problema que afecta significativamente al País Vasco.
Los sindicatos han señalado que la propuesta salarial presentada por el Gobierno Vasco queda por debajo de las recomendaciones de la Carta Social Europea y de las directivas de la Unión Europea. Proponen que si se hubiese optado por el tramo más alto, el salario mínimo de convenio debería ser entre 250 y 350 euros más elevado. En este sentido, han argumentado que el coste de la vida en Euskadi se sitúa entre un 7 y un 11% por encima del resto del país, lo que subraya la necesidad de un ajuste en los salarios para garantizar una vida digna.
Según Oihana Lopetegi, responsable de acción sindical y negociación colectiva de LAB, se requiere un salario más alto para mantener un nivel de vida aceptable. En apoyo a esta afirmación, Pello Igeregi, de ELA, recordó que un estudio del propio Gobierno Vasco de 2022 establece que el bienestar de los ciudadanos comienza a deteriorarse cuando los ingresos mensuales caen por debajo de los 1.418 euros. Ambos sindicatos han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas buscando alcanzar 100.000 apoyos que les permitan iniciar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para fomentar un debate social en torno a la necesidad de establecer un salario mínimo de convenio en el territorio.
Finalmente, los sindicatos han criticado que el Gobierno Vasco solo se haya limitado a considerar los convenios firmados en la región, dejando de lado a un considerable número de trabajadores que se rigen por convenios estatales y aquellos sin convenio, que suman alrededor de 48.000, en su mayoría mujeres, migrantes, jóvenes o personas con diversidad funcional. Aseguran que el salario mínimo debe enfocarse en ayudar a estos grupos vulnerables, ya sea a través de un acuerdo interprofesional con la patronal o mediante acciones legislativas una vez se logre la transferencia de competencias.
