El Gobierno Vasco ha dado luz verde a un nuevo decreto que regulará las Ayudas de Emergencia Social (AES), introduciendo un cambio significativo en la financiación destinada a los ayuntamientos. Este nuevo marco permitirá que los municipios comiencen a otorgar estas ayudas desde el principio del año. Asimismo, se establece que las AES dirigidas al alquiler podrán ser concedidas, como máximo, a dos unidades convivenciales por vivienda.
La consejera María Ubarretxena, responsable de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, ofreció una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. En sus declaraciones, resaltó que las Ayudas de Emergencia Social son prestaciones económicas no periódicas, diseñadas para aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y necesitan cubrir gastos esenciales para evitar la exclusión social.
Ubarretxena también indicó que este nuevo decreto actualiza la normativa de 2011, adaptándola a las actuales exigencias y circunstancias sociales y económicas de Euskadi. Este texto ha sido elaborado en colaboración con un grupo técnico de Eudel y diversos profesionales de los Servicios Sociales de la comunidad.
Los beneficiarios de las AES deben ser mayores de 18 años y contar con un mínimo de seis meses de empadronamiento en su municipio. Los gastos que se pueden cubrir mediante estas ayudas incluyen el alquiler, el suministro energético, necesidades básicas, endeudamiento, mobiliario y electrodomésticos, así como reparaciones e instalaciones necesarias.
Novedades en el sistema de financiación
En relación a la financiación, se ha decidido regresar al sistema que existía antes de la promulgación de la Ley de la RGI. Esto implica que el Gobierno Vasco realizará el pago a los ayuntamientos en dos fases a lo largo del año. Al inicio del mismo, se asignará a todos los municipios la cantidad máxima programada para financiar las AES para las personas más vulnerables de cada localidad.
Los ayuntamientos que en el año anterior hayan contribuido con fondos de sus presupuestos podrán recibir el resto del crédito consignado una vez presenten las justificaciones de gasto pertinentes. Otra de las innovaciones relevantes es que se limitará el número de unidades de convivencia por hogar en relación a las ayudas para el alquiler, manteniendo un máximo de dos unidades por vivienda. Esta limitación se aplicará según los lazos de parentesco: una unidad si hay parentesco directo y dos si no lo hay.
El decreto también modifica la consideración de la unidad de convivencia, reduciendo el grado de consanguinidad y afinidad a un segundo grado, lo que incluye hijos, cónyuges, padres, abuelos y hermanos, entre otros. Esta medida busca adaptarse mejor a la realidad actual de las familias en Euskadi.
Además, se garantizan ayudas a quienes participen en programas respaldados por administraciones públicas, como el programa Trapezistak, que se centra en la integración social y laboral de jóvenes sin referentes familiares en la comunidad.
Estos cambios también impactarán en otros programas de apoyo dirigidos a jóvenes en transición a la vida adulta, así como a personas con discapacidad igual o superior al 33% y a aquellos con un diagnóstico de enfermedad mental. El objetivo es facilitar el tránsito a una vida más autónoma y menos dependiente.
Con el fin de reducir la burocracia y optimizar los trámites, se implementarán medidas que aseguren que los ciudadanos no tengan que presentar documentación que ya esté en poder de la administración, gracias a una mayor cooperación entre las distintas instituciones.
En relación al presupuesto para las AES, se prevé que en el año 2026 se destinen 41.500.000 euros para estas ayudas. Actualmente, se está gestionando el reparto de 37 millones de euros entre los ayuntamientos, de manera que, una vez publicado el decreto y la orden pertinente, se pueda proceder a su pago con la mayor brevedad posible.
Los ayuntamientos tendrán plazo hasta el 28 de febrero de 2026 para remitir la justificación anual de todas las AES otorgadas en 2025. Una vez recibidas las justificaciones, se procederá a distribuir los 4,5 millones de euros restantes entre aquellos municipios que hayan aportado fondos de sus presupuestos para financiar estas ayudas.
