El Gobierno Vasco ha iniciado el proceso para la creación de una nueva Ley de Universidades que se espera sea aprobada el próximo año. Esta decisión llega tras un mes de tensiones entre el Ejecutivo y el Rectorado de la Universidad del País Vasco (EHU) respecto a su financiación. Con ello, se busca abordar varios aspectos clave, siendo la financiación un tema central.
La consejera María Ubarretxena, quien lidera el departamento de Universidades, ha señalado que no se trata solo de modificar algunos capítulos de la normativa vigente, sino de realizar una revisión completa de la misma. La legislación actual, aprobada en 2004, necesita ser actualizada para adaptarse a un «escenario jurídico y social» que ha cambiado significativamente en las últimas dos décadas.
Además, la nueva ley debe alinearse con la reciente Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023, que impone requisitos más estrictos para la apertura de universidades privadas y establece nuevas exigencias en contratación e investigación. Ubarretxena ha enfatizado que es fundamental proporcionar un marco normativo que responda a las necesidades actuales de las universidades en Euskadi.
El Gobierno Vasco considera que es esencial que el nuevo texto legal no solo garantice la «suficiencia económica» de la EHU, sino que también permita a las universidades del sistema universitario vasco adaptarse a los cambios en los ámbitos científico, tecnológico y educativo. Esto es crucial para asegurar que puedan llevar a cabo sus funciones de investigación y formación de manera eficiente, contribuyendo así al bienestar y cohesión social de la población vasca.
Sin embargo, la Orden del consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias no ha ofrecido muchos detalles sobre las propuestas concretas que se incluirán en la nueva normativa. A pesar de que se busca establecer un Sistema Universitario «propio y diverso» que garantice calidad y excelencia en la investigación, aún quedan muchas incógnitas por resolver. La regulación del marco financiero para la universidad pública es uno de los puntos mencionados, pero no se han proporcionado aclaraciones sobre posibles novedades en este aspecto.
Este asunto ha sido motivo de polémica en el pasado, especialmente durante el otoño, cuando el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, y el consejero tuvieron un enfrentamiento público sobre la financiación de la universidad. Esta situación ha generado inquietud no solo en la EHU, sino también en otras instituciones educativas como Deusto, Mondragón y Euneiz, que también esperan novedades sobre la futura ley.
Un aspecto interesante es que, en octubre, el departamento de Universidades consultó a estas instituciones sobre qué problemas, soluciones y alternativas regulatorias deberían considerarse en la nueva ley. Sin embargo, la falta de respuestas a esta consulta ha suscitado más preguntas sobre la dirección que tomará la legislación.
En definitiva, la nueva Ley de Universidades se presenta como un reto significativo para el Gobierno Vasco. A medida que se desarrollan las discusiones y se establece el marco normativo, será importante prestar atención a las demandas de la comunidad universitaria y a cómo se abordarán los desafíos actuales. La educación superior en Euskadi se encuentra en un momento crucial, y el futuro de las universidades dependerá en gran medida de los resultados de este proceso legislativo.
