Un informe reciente ha revelado que un 76,5% de las adquisiciones de combustible realizadas de manera directa por la entidad pública Euskadiko Kirol Portuak (EKP), encargada de la gestión de los puertos deportivos en el País Vasco, fueron asignadas a la empresa de un dirigente del PNV en Gipuzkoa. Este dato surge a raíz de la información proporcionada por el Gobierno Vasco en respuesta a las preguntas del PP en el Parlamento de Vitoria. Desde el año 2001, EKP ha adjudicado cerca de 17 millones de euros sin concurso, sumando un total de 12.380.279 euros en compras de combustible.
La presidencia de EKP hasta octubre del año pasado estuvo a cargo de Edurne Egaña Manterola, quien fue destituida sin muchas explicaciones y posteriormente colocada como asesora en el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, bajo la dirección de Amaia Barredo. Este movimiento ha sido justificado por el Gobierno Vasco como parte de una «reorganización» dentro del departamento, aunque ha suscitado controversias en torno a la transparencia y la ética en la gestión pública.
Las irregularidades en el sistema de adjudicación de amarres fueron subrayadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que, en sentencias emitidas en julio y septiembre, anuló el sistema aprobado en 2021, señalando que EKP había «cambiado las reglas del juego». Este hecho ha generado acusaciones de «amiguismo» en la gestión de recursos públicos. En noviembre, Javier de Andrés, presidente del PP vasco, denunció que la ex presidenta también había adjudicado de manera directa compras de combustible a la empresa Esergui Diester, sumando más presión sobre la situación.
La empresa Esergui Diester, que estuvo dirigida entre 2000 y 2016 por Jose Ramón Arriarán, otro miembro del PNV en Gipuzkoa y parte de la misma familia política que Egaña, ha sido mencionada repetidamente en las denuncias. Según el informe del Gobierno Vasco, las adjudicaciones directas de combustible han sido cuestionadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), que considera irregular la falta de concurso en estos procesos, especialmente cuando los montos superan los 15.000 euros.
En total, se estima que 16.938.608 euros han sido destinados «habitualmente» a Esergui Diester, así como a otras tres empresas (Dyneff España, Arberes y Cepsa) a través de múltiples compras menores a lo largo de cada ejercicio. La documentación proporcionada por el Gobierno Vasco explica que cada vez que se necesita adquirir combustible para un puerto, el responsable correspondiente solicita ofertas a varios proveedores, adjudicando siempre al precio más bajo entre las propuestas recibidas.
La parlamentaria autonómica Ana Morales ha seguido de cerca las irregularidades en EKP y ha señalado que la mayoría de las adjudicaciones han recaído en Esergui Diester. Javier de Andrés ha criticado la recolocación de Egaña, sugiriendo que el PNV está adoptando una postura similar a la del PSOE, y ha expresado su preocupación por la falta de responsabilidad en la gestión pública. Aunque el PP no tiene planes inmediatos de llevar el caso a la Fiscalía, planea solicitar acceso a los expedientes de las adjudicaciones y a la comparecencia de la consejera Amaia Barredo para que ofrezca explicaciones sobre las decisiones tomadas.
