En una reciente reunión del Gobierno Vasco, se abordaron importantes decisiones en torno a la gestión de infraestructuras y servicios sociales. La consejera María Ubarretxena comunicó el inicio de la ordenación integral de los amarres del puerto de Plentzia, una acción que surge tras la resolución de varias sentencias judiciales vinculadas a la adjudicación de 2021. Este nuevo enfoque tiene como objetivo asegurar la seguridad jurídica en el proceso.
La disparidad de criterios en algunos fallos judiciales llevó al Ejecutivo a presentar un incidente de ejecución. Se busca que los tribunales definan el procedimiento a seguir, mientras que los actuales usuarios de las plazas de amarre podrán mantener su uso en un régimen temporal y revocable. Esta solución provisional pretende evitar conflictos y ofrecer una respuesta adecuada a la náutica recreativa.
En el ámbito social, se ha decidido destinar 20,7 millones de euros al servicio de Justicia gratuita, lo que representa un aumento de 2,7 millones con respecto al año anterior. Según la portavoz del Ejecutivo, esta inversión garantiza que la situación económica de los ciudadanos no sea un impedimento para ejercer sus derechos ante los tribunales, impulsando una justicia universal.
Adicionalmente, el apoyo a los jóvenes se evidenciará con la apertura de una nueva oficina GAZ en Donostia, situada en el centro Kontadores. Este nuevo servicio proporcionará acompañamiento personalizado para la emancipación juvenil, sumándose a las oficinas ya existentes en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Barakaldo.
Por último, el Gobierno Vasco ha mostrado su disposición a modificar la Ley de Juventud para reforzar las garantías de protección de los menores de edad en actividades de tiempo libre. También se han iniciado los trámites necesarios para que el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publique las cinco transferencias competenciales acordadas el pasado mes de enero, lo que permitirá su efectiva asunción.
