El Gobierno Vasco y el Gobierno central han iniciado el miércoles los preparativos para fortalecer la paz financiera de Euskadi durante los próximos años. La Comisión Mixta del Concierto Económico, que incluye a ambos gobiernos y a las tres diputaciones forales, ha comenzado a trabajar en la actualización de la metodología del Cupo para el quinquenio 2027-2031. Este proceso implica la negociación política sobre la cantidad que Euskadi debe pagar anualmente al Estado por las competencias no transferidas.
En las siguientes semanas, el Ejecutivo autonómico definirá un equipo de técnicos encargado de dialogar con Moncloa sobre el futuro del Cupo, que se establece actualmente en el 6,24%, un porcentaje que se mantiene desde 1981. A pesar de la unanimidad mostrada por ambas partes en la reunión de este miércoles, las negociaciones podrían ser problemáticas. Esto se debe al proceso de condonación de deuda acordado entre el Gobierno central y ERC, que permitirá al Estado asumir pasivos territoriales para facilitar el acceso de las comunidades a los mercados financieros.
Este aumento de la deuda estatal podría inflar el cálculo de las cargas que no asume Euskadi. En consecuencia, si el Estado absorbe más deuda, el 6,24% que el País Vasco aporta anualmente podría traducirse en una mayor cantidad a abonar. Aunque Lakua obtuvo el compromiso de Moncloa el año pasado para realizar «ajustes precisos en el cálculo del Cupo» que aseguren la neutralidad financiera, persiste la incertidumbre sobre cómo se resolverán estos detalles en los próximos meses, dado que la cuestión de la quita autonómica sigue abierta.
El diálogo entre el Gobierno central y las comunidades ha quedado paralizado, no solo por la oposición de algunos líderes del PP, sino también por la cautela del PSOE, que intenta evitar cualquier interpretación que sugiera que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está haciendo concesiones a Cataluña. Este temor ha sido manifestado por el popular Juanma Moreno ante la posibilidad de que se ceda la gestión del IRPF a la Generalitat.
Las negociaciones entre ambos gobiernos se llevarán a cabo en un contexto de incertidumbre respecto a cómo, cuánto y a quiénes se condonará la deuda en el régimen común. Esta falta de claridad obliga a las instituciones vascas a negociar la cantidad que Euskadi pagará al Estado sin conocer el total de las cargas estatales, lo que podría distorsionar el cálculo del Cupo. Además, la posibilidad de que el presidente Sánchez convoque elecciones anticipadas podría desestabilizar este diálogo bilateral.
El Gobierno Pradales, que tiene programada una reunión con Sánchez para este viernes con el objetivo de abordar nuevos traspasos competenciales, busca que esta negociación del Cupo no genere tensiones políticas. Durante esta legislatura, el sistema de financiación foral no solo ha sido criticado por Vox, sino que también Junts y ERC han llevado el debate a un nivel más alto al solicitar un «concierto solidario» para Cataluña. Esta postura insinúa que el modelo vasco carece de mecanismos de equidad, una afirmación que el PNV ha rechazado, argumentando que la existencia del Concierto conlleva un «riesgo unilateral». Si la recaudación disminuye, el Estado no cubriría a las instituciones vascas.
La situación actual pone de manifiesto la complejidad de las relaciones fiscales entre Euskadi y el Estado, y la importancia de establecer un marco que garantice una financiación justa y equitativa. A medida que se avanza en las conversaciones sobre el futuro del Cupo, tanto el Gobierno Vasco como el central deberán encontrar un equilibrio que respete las necesidades y derechos de Euskadi, sin dejar de lado las exigencias del resto de comunidades autónomas.
