Ángel María Tellería Uriarte ha sido noticia recientemente al ser incluido por el Gobierno Vasco en una lista de terroristas condenados que se beneficiarán del controvertido artículo 100.2, lo que le permitirá salir de la prisión de Zaballa entre semana. Tellería es conocido por haber participado en el primer atentado mortal de ETA contra una mujer policía, María José García Sánchez, quien fue asesinada en 1981 durante un operativo en Zarautz.
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos, bajo la dirección de la socialista María Jesús San José, ha justificado esta decisión alegando que Tellería necesita continuar con un «tratamiento asistencial» fuera del reclusorio. Cabe destacar que, aunque se le concede este régimen semiabierto, deberá regresar cada noche a su celda en un módulo de respeto, manteniendo su situación de segundo grado.
Este caso se suma a una serie de liberaciones similares de miembros de ETA, como Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como ‘Txeroki’, y Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, quienes también han obtenido permisos para salir de la prisión con el mismo propósito. La decisión de permitir estas salidas ha suscitado una mezcla de incredulidad y malestar en asociaciones de víctimas del terrorismo, que han calificado estos actos como una «amnistía encubierta».
Durante su tiempo en el extranjero, Tellería pasó 35 años oculto en México, donde utilizó múltiples identidades y recibió apoyo económico de simpatizantes de la organización terrorista. Fue arrestado en 2017, cuando las autoridades españolas lograron localizarlo después de una larga investigación que comenzó años antes. En el juicio que se llevó a cabo en la Audiencia Nacional, Tellería fue condenado a un total de 42 años por su implicación en el asesinato y otros delitos relacionados con su actividad terrorista.
En su defensa, Tellería se declaró un «colaborador puntual» de ETA, lo que no le eximió de las penas impuestas. De hecho, su condena incluye una pena de 26 años por el asesinato de María José García Sánchez, a lo que se suman otros años por la integración en banda armada y por tenencia de armas. En total, se esperaba que cumpliera 30 años efectivos tras la reducción de su pena.
A pesar de su condena, el reciente acercamiento de Tellería a la libertad ha avivado el debate sobre las políticas penitenciarias en España, especialmente en lo que respecta a la situación de los presos de ETA. El Gobierno central ha permitido la flexibilización de los regímenes, lo que ha sido interpretado por algunos grupos como un intento de obtener votos de los partidos nacionalistas a cambio de beneficios penitenciarios.
La controversia se ha intensificado en los últimos meses, pues se han registrado varias salidas de terroristas de sus centros penitenciarios para realizar actividades como trabajo o voluntariado. Esta cuestión ha generado un significativo descontento entre las víctimas del terrorismo, que sienten que se está trivializando el sufrimiento causado por ETA. La consejera María Jesús San José ha defendido que cada caso se evalúa de manera individual, basándose en la necesidad de tratamiento médico y las condiciones de los reclusos.
En el caso de Tellería, fuentes penitenciarias han indicado que ha mostrado un «deterioro cognitivo» en los últimos tiempos, lo que ha podido influir en la decisión de ofrecerle un régimen de semilibertad. Este deterioro ha llevado a su ingreso ocasional en la enfermería, lo que ha levantado interrogantes sobre su estado de salud y las razones detrás de su autorización para salir del centro penitenciario.
El futuro de Tellería y de otros terroristas que están recibiendo permisos similares sigue siendo un tema de gran debate, no solo en el ámbito político, sino también entre la sociedad civil, que observa con atención estos desarrollos. La decisión de la Audiencia Nacional y el tratamiento de los reclusos de ETA podría tener implicaciones a largo plazo en la percepción pública de la justicia y la memoria histórica en el País Vasco.
