La situación crítica que atraviesa Tubos Reunidos se ha convertido en un símbolo de la compleja realidad económica del País Vasco. La dirección de la empresa ha propuesto un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a aproximadamente 300 de sus 1.300 empleados, en un intento por preservar la compañía. Este emblema industrial de la región se encuentra en una fase crítica, donde la palabra clave es «intentar» salvar.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su política arancelaria ha tenido un impacto negativo, aunque atribuir la crisis únicamente a su gestión sería simplista. Los problemas de la empresa se remontan a años anteriores, con un hito clave en julio de 2021, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, conocida como SEPI, aprobó un préstamo de 113 millones de euros para rescatar a Tubos Reunidos, que estaba muy afectada por las consecuencias de la pandemia. Esta decisión fue validada por el Consejo de Ministros, significando una intervención directa del Gobierno de España para salvar la compañía en ese momento.
Sin embargo, la problemática actual está relacionada con la necesidad de devolver esos préstamos, y Tubos Reunidos se enfrenta a dificultades para hacerlo. En este contexto, el Gobierno Vasco ha tomado una posición activa al tratar de ejercer presión sobre la SEPI. La narrativa que se ha construido es clara: si no se ofrece apoyo para gestionar la considerable deuda de la empresa, se la podría llevar a un concurso de acreedores, y esto sería culpa de las instituciones estatales. Es importante recordar que la actual situación política también se ve influida por el apoyo del PNV al Gobierno central.
Las declaraciones del consejero de Industria, Mikel Jauregi, han añadido más leña al fuego, criticando a la SEPI por haber «engordado» la deuda de Tubos Reunidos en 2021 al realizar su rescate. Estas afirmaciones han sido mal recibidas tanto por la SEPI como por el Gobierno de España, que actualmente comparte la gobernanza con los socialistas vascos. La pregunta que surge es si el consejero preferiría que no se hubiera otorgado el rescate inicial y que la empresa hubiera cerrado sus puertas hace años.
El papel del Gobierno Vasco es crucial en este escenario. Su capacidad para influir en la reestructuración de la deuda es limitada, sobre todo porque existe el riesgo de que Bruselas considere estas acciones como ayudas de Estado. Además, el Gobierno ha decidido comprometer dinero público en diversas empresas, lo que plantea interrogantes sobre la equidad de este enfoque. ¿Por qué se asiste a unas empresas y a otras no? Esto genera un debate sobre el uso de recursos públicos y la viabilidad de estos rescates.
La situación de Tubos Reunidos plantea cuestiones sobre la gestión de la deuda empresarial y el papel del Gobierno en la economía. A medida que se intensifica el debate político sobre quién es responsable de la crisis, las preguntas son cada vez más urgentes. Los partidos políticos han comenzado a posicionarse, cada uno tratando de definir su narrativa sobre la situación de Tubos Reunidos. Así, la presión aumenta no solo sobre la empresa, sino también sobre quienes toman decisiones en el ámbito político y económico, con el objetivo de encontrar una solución que evite un desenlace negativo.
