El Gobierno Vasco ha dado luz verde a una asignación de 65 millones de euros para el año 2026, que podría ampliarse hasta 95 millones, con el fin de asegurar la Prestación Económica de Vivienda (PEV). Esta medida tiene como objetivo facilitar el pago del alquiler en el mercado libre para aquellos beneficiarios que no pueden acceder a una vivienda protegida o a un alojamiento dotacional.
El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ofreció detalles sobre este presupuesto en una rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno. En sus declaraciones, destacó que actualmente «la mitad de los hogares en alquiler en Euskadi vive en una vivienda protegida o recibe una ayuda pública». Esta situación evidencia la importancia de las políticas de vivienda en la comunidad autónoma.
La PEV se presenta como una ayuda económica destinada a compensar el coste del alquiler cuando no se puede cumplir de inmediato el derecho a acceder a una vivienda digna a través de un piso del parque público. Itxaso subrayó que este presupuesto servirá para financiar esta prestación, que tiene carácter subsidiario, funcionando como un apoyo económico temporal mientras se trabaja en la ampliación de la oferta de vivienda asequible.
El crédito inicial de 65 millones de euros será revisado con la posibilidad de incrementar la cifra hasta 95 millones si se mantiene la tendencia observada en el año anterior, donde se destinaron un total de 94,5 millones a estas ayudas. Aunque la partida inicial fue de 57,97 millones, se amplió en 36,6 millones debido a la alta demanda.
Itxaso también destacó que la actualización del decreto de medidas urgentes, que se prevé aprobar en las próximas semanas, permitirá elevar el límite de ingresos máximos para acceder a estas ayudas, lo que ampliará el número de beneficiarios. «A cierre de 2026 esperamos llegar a 35.000 hogares a través del derecho subjetivo y su prestación económica asociada», indicó el consejero.
Los requisitos económicos para acceder a la PEV se han actualizado, estableciendo límites que son de 14.000 euros anuales para unidades de un solo miembro, 18.000 para unidades de dos personas y 20.000 para familias de tres o más integrantes. Esta medida busca que más personas y familias puedan beneficiarse de una vivienda digna en el contexto actual de la crisis habitacional.
El consejero de Vivienda también informó que el parque de viviendas en alquiler en Euskadi supera las 137.000, incluyendo tanto el alquiler libre como el protegido. Se espera que, con los 35.000 hogares beneficiados por la PEV, más las aproximadamente 30.000 viviendas públicas que se quieren habilitar para finales de 2026 y las 9.500 ayudas del programa Gaztelagun, el 54 % del mercado esté compuesto por viviendas con algún tipo de ayuda pública, aumentando en cuatro puntos porcentuales respecto a la actualidad.
La Prestación Económica de Vivienda es un apoyo periódico que busca aliviar la carga del alquiler en aquellos casos donde no es posible acceder a una vivienda digna de forma inmediata. La PEV se financiará a través de las Delegaciones Territoriales de Vivienda y se abonará directamente en cuentas bancarias, asegurando que el dinero se destine exclusivamente al pago del alquiler.
Para optar a la PEV, los solicitantes deben demostrar que cumplen con los requisitos del derecho subjetivo, incluyendo la residencia en una vivienda en alquiler y las condiciones económicas establecidos. La prestación es incompatible con otras ayudas públicas que aborden la misma necesidad, con el objetivo de garantizar una distribución ordenada de los recursos y evitar duplicidades.
La aprobación de estas medidas por parte del Gobierno Vasco pone de manifiesto la voluntad de abordar la problemática del acceso a la vivienda en Euskadi, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años. Se espera que las acciones implementadas contribuyan significativamente a mejorar la situación habitacional de muchas familias en la comunidad.
