Las instituciones públicas en Euskadi destinan anualmente importantes sumas de dinero a los medios de comunicación, ya sea a través de contratos publicitarios para campañas como la declaración de la renta, la promoción del turismo o la vacunación contra la gripe, o mediante subvenciones a proyectos considerados de interés. En 2017, el Gobierno Vasco otorgó 10.991 € a ARGIA. En contraste, El Correo recibió 1.253.000 €, siendo el medio que más fondos públicos recibió tras la entidad EITB, mientras que El Diario Vasco recibió 963.751 €.
Los datos sobre estas subvenciones fueron proporcionados por el Gobierno Vasco y se obtuvieron de las plataformas Irekia y Contratación Pública en Euskadi. A pesar de ser información pública, la precisión es complicada debido a la dispersión de los contratos entre diferentes fuentes, lo que puede generar redundancias.
En 2017, el grupo Vocento-Cope recibió más de 2.300.000 € en subvenciones, seguido por EITB con 2.000.000 €. Los medios del grupo Noticias, que incluyen Deia y Noticias de Gipuzkoa, en conjunto, obtuvieron más de 1.200.000 €, mientras que el grupo Prisa, que incluye reconocidos medios como El País y Cadena Ser, recibió 846.160 €.
El reparto de estos fondos muestra un claro sesgo hacia los medios en castellano, ya que en 2017, el Gobierno Vasco destinó 5.749.974 € a la publicidad en español, frente a solo 496.819 € para los medios en euskara. Dentro del ámbito de los medios en euskara, Berria fue el más beneficiado, recibiendo dos tercios de la cantidad total destinada. Los medios locales de Tokikom, por su parte, obtuvieron 46.447 €.
El informe «Evidencias de la sinrazón», publicado en 1993, ya denunciaba la marginación económica de ciertos medios. A día de hoy, esa desigualdad persiste, afectando a medios como ARGIA, que enfrenta dificultades para sobrevivir debido a la falta de apoyo público en comparación con otros medios. Este medio, que tiene una trayectoria de más de 100 años en el periodismo en euskara, sostiene que debe existir un trato equitativo en el reparto de la publicidad pública.
El Gobierno Vasco ha anunciado que se están revisando los criterios de distribución de la publicidad institucional, pero aún queda un largo camino por recorrer para lograr una mayor transparencia y equidad. A lo largo de los años, muchos medios en euskara han sido etiquetados como «subvencionados», pese a que los fondos públicos que reciben son significativamente menores en comparación con los destinados a los medios en castellano.
En el contexto de la radiodifusión, las cifras son igualmente reveladoras. Por ejemplo, Cadena 100, con 95.000 oyentes en 2017, recibió 24.000 €, mientras que Onda Vasca, con 35.000 oyentes, recibió 200.000 €. Esta situación pone de manifiesto que el reparto de las subvenciones no siempre está alineado con la audiencia de los medios.
Conforme a los datos de la empresa CIES, ARGIA contaba con 52.000 lectores en la CAV a principios de 2018. Sin embargo, medios que reciben más subvenciones son publicaciones menos leídas, lo que genera una sensación de injusticia y desproporción en la asignación de fondos.
La relación entre el poder político y la financiación de los medios es un aspecto que debe ser vigilado con atención. La libertad de prensa y la independencia informativa corren el riesgo de verse comprometidas si la publicidad pública se distribuye de manera arbitraria. Como sentencia el director de Eldiario.es, «Si repartes el dinero arbitrariamente, estás comprando voluntades y perjudicando la libertad a la información».
Es imperativo que los criterios para la asignación de publicidad institucional sean justos y transparentes. Los ciudadanos merecen acceder a información precisa y equitativa, y esta responsabilidad recae tanto en las instituciones públicas como en los medios de comunicación. La situación actual invita a reflexionar sobre el modelo de financiación y su impacto en la diversidad de voces en el panorama mediático.
