El Gobierno Vasco ha tomado la decisión de no intervenir en la reparación del vertedero de Zaldibar, tras los resultados de la última inspección realizada en septiembre de 2025. Según el informe, aunque se detectaron deficiencias considerables, estas no representan un «riesgo inminente» para la salud humana ni para los ecosistemas. Esta situación se produce después de que el Ejecutivo haya invertido más de 32 millones de euros en obras subsidiarias, cuyo coste está siendo reclamado a la empresa responsable del vertedero, Verter Recycling. Este lugar fue escenario de un trágico derrumbe el 6 de febrero de 2020, que resultó en la muerte de dos trabajadores, considerado como una de las peores catástrofes ambientales en Euskadi.
Inaugurado en 2011 en el barrio de Eitzaga de Zaldibar, el vertedero ha enfrentado múltiples problemas de mantenimiento, como lo evidencian los 29 incumplimientos identificados en la Autorización Ambiental Integrada. La inspección del 9 de septiembre reveló que la empresa no estaba llevando a cabo las operaciones necesarias para prevenir daños medioambientales. Este hecho ha generado una creciente preocupación entre los ayuntamientos de la zona, que han exigido medidas urgentes al Gobierno Vasco. A pesar de las evidencias, el Gobierno Vasco argumenta que no se ha constatado una situación de «riesgo inminente».
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, indicó que los controles realizados por URA en el entorno del vertedero no han mostrado afecciones a los cauces cercanos. Sin embargo, el consejero subrayó que continuarán con la labor inspectora y que, en caso de que se detecte un riesgo inminente, se adoptarían las medidas necesarias conforme a la normativa vigente. En este sentido, el Ejecutivo podría iniciar un procedimiento de restauración de la legalidad ambiental, aunque esto solo se activaría en situaciones de urgencia inaplazable.
Por otro lado, la alcaldesa de Ermua, Beatriz Gámiz, ha convocado una reunión el 14 de abril con el consejero Jauregi para discutir la situación de seguridad en torno al vertedero y sus implicaciones ambientales. Durante este encuentro, se espera que se establezca un calendario de actuaciones para abordar los problemas detectados. En el contexto actual, la falta de acción ha intensificado las tensiones políticas entre el PNV y EH Bildu, que han instado al Ejecutivo a tomar decisiones rápidas y efectivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger el medio ambiente.
La situación del vertedero de Zaldibar no solo pone en riesgo la salud pública y el entorno natural, sino que también refleja las dificultades que enfrenta el Gobierno Vasco para gestionar adecuadamente las instalaciones de residuos en Euskadi. La presión por parte de los municipios y los partidos políticos se incrementa a medida que se perciben riesgos potenciales, destacando la urgencia de abordar estos asuntos con celeridad y eficacia. La comunidad está a la espera de que se tomen medidas concretas que aseguren tanto la seguridad como la protección del medio ambiente en la región.
