El Gobierno Vasco ha decidido mantener su postura respecto a la transparencia en la información sobre las detenciones realizadas por la Ertzaintza. Esta decisión, que se adoptó en noviembre del año pasado, consiste en hacer público el origen de las personas detenidas, un enfoque que, hasta la fecha, no ha sido implementado por ninguna otra policía en España. La medida ha suscitado un considerable debate político, poniendo de manifiesto las diferencias entre diversos municipios vascos y los partidos que conforman el Ejecutivo, en especial entre el PNV y el PSE.
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha defendido que proporcionar esta información es clave para combatir la «mentira y la estigmatización». Durante una reunión del consejo de gobierno, Zupiria reconoció que la cuestión es «polémica» y genera «discusión», pero insistió en que cada partido que forma parte de la coalición tiene su perspectiva sobre el asunto. A pesar de las críticas, el consejero reafirmó que no se contempla una revisión de la decisión adoptada en noviembre, afirmando que «no hay novedad» en este tema.
La controversia no solo ha revelado las diferencias entre el PNV y el PSE, sino también entre los ayuntamientos gobernados por jeltzales. En Donostia, el alcalde Jon Insausti ha manifestado su apoyo a la propuesta de Zupiria, argumentando que facilitar el origen de los detenidos «contribuye a combatir estigmas y discursos populistas». En cambio, la responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, Amaia Arregi, ha cuestionado la utilidad de la iniciativa, considerándola un grave error vincular la delincuencia con la inmigración.
Las reacciones a esta decisión han sido variadas. El alcalde de San Sebastián, Insausti, ha defendido la importancia de la iniciativa, mientras que el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se ha distanciado de esta posición. El líder del PNV, Aitor Esteban, ha respaldado públicamente a Zupiria, argumentando que la falta de información puede alimentar discursos extremistas. Esteban ha señalado que la postura de Aburto había sido acordada con el PSE antes de que el Departamento de Seguridad anunciara su decisión.
La situación actual pone de relieve un debate más amplio sobre la gestión de la seguridad y la necesidad de transparencia en el contexto vasco. Mientras algunos argumentan que el acceso a esta información es fundamental para combatir estigmas, otros consideran que puede ser contraproducente. La controversia también refleja la complejidad de la coalición que gobierna el Gobierno Vasco, donde las posturas de los distintos partidos y municipios pueden variar considerablemente.
La política de transparencia en la información sobre delincuencia y detenciones plantea preguntas sobre cómo abordar la inmigración y la seguridad en el País Vasco. Con diferentes municipios adoptando posturas divergentes, la forma en que se gestione esta cuestión podría tener implicaciones importantes para la convivencia y la percepción de la seguridad entre los ciudadanos. La decisión de Zupiria, por tanto, no solo es un tema de actualidad, sino que podría influir en el futuro del debate político en la comunidad.
