La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha resaltado la importancia de las integraciones de escuelas públicas como una herramienta clave para «garantizar una verdadera inclusión» cuando se presentan desequilibrios notorios y duraderos entre centros educativos cercanos. Según Pedrosa, permitir que las instituciones educativas continúen perdiendo estudiantes cada año, creando grupos cada vez más pequeños y vulnerables, equivale a «destinarlos a un futuro sin oportunidades».
La consejera ha subrayado que las fusiones de centros educativos públicos no tienen como objetivo la reducción, sino más bien «reforzar y garantizar una escuela pública de calidad». Ha calificado estas decisiones como «responsables», las cuales son discutidas en conjunto con las comunidades educativas y los equipos directivos, con el fin de «reestructurar y adaptar el sistema» y abordar la segregación escolar.
Pédrosa también ha enfatizado que los procesos de integración no son meras modificaciones organizativas, sino que están destinados a favorecer el bienestar, aprendizaje y oportunidades educativas de los estudiantes. Según ella, esta estrategia educativa «no habla de masificación ni de subir ratios, sino de heterogeneidad y una dimensión adecuada y suficiente», especialmente en contextos donde la vulnerabilidad es alta.
Desde 2015 hasta 2025, el número de alumnos en educación pública de Infantil y Primaria ha disminuido en 31.460 niños y niñas, y se prevé un descenso del 5% en la matriculación. Pedrosa argumenta que la inacción sería «una gran irresponsabilidad» y señala que el presupuesto del Gobierno Vasco prevé «más de 700 plazas nuevas en centros públicos» y «más de 750 millones de euros en inversión en sus edificios».
Las propuestas de fusión, sin embargo, no han estado exentas de críticas. El portavoz de Grupo Mixto-Sumar, Jon Hernández, ha manifestado que estas fusiones no son consecuencia inevitable de la disminución de la natalidad, sino más bien del «impacto de políticas educativas privatizadoras» implementadas por el Gobierno Vasco. Hernández ha argumentado que los conciertos con la educación privada se han convertido en «una herramienta estructural que debilita la red pública».
Desde la perspectiva de Sumar, la planificación educativa del Ejecutivo vasco es «fragmentada, reactiva y desligada de un proyecto educativo global». Además, critican la desaparición de seis centros públicos «sin transparencia ni información, de forma parcial y sin los plazos necesarios», lo que consideran «una nefasta gestión que vuelve a perjudicar a la red pública».
Esta situación refleja un debate más amplio sobre el futuro de la educación pública en el País Vasco. Las decisiones que se tomen en este ámbito no sólo afectarán a los estudiantes, sino que también tendrán repercusiones significativas para las comunidades en términos de cohesión social y oportunidades para las futuras generaciones. La atención se centra ahora en cómo el Gobierno Vasco implementará estas medidas en un contexto de creciente preocupación sobre la equidad educativa y el acceso a recursos adecuados.
