En un reciente debate en el Parlamento de Vitoria, el Gobierno Vasco, bajo la presidencia de Imanol Pradales, defendió su actuación en la concesión de terceros grados y la autorización del artículo 100.2 para los presos de ETA, argumentando que se ajusta estrictamente al ordenamiento jurídico. La discusión se tornó tensa cuando el portavoz del PP, Javier de Andrés, acusó al lehendakari de «engañar a la Fiscalía y a los jueces», sugiriendo que actúa como el «carcelero» de un acuerdo entre el PSOE y EH Bildu destinado a sostener al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Una de las intervenciones más destacadas fue la de la diputada de Vox, Amaia Martínez, quien dirigió su atención a la consejera María Jesús San José, responsable de Justicia y Derechos Humanos. Martínez hizo referencia a una foto de Txeroki, un exlíder de la banda terrorista, y a las consecuencias emocionales que su tratamiento en prisión ha tenido sobre las víctimas, afirmando que «desde entonces no pueden dormir y esperan que usted tampoco lo haga». A pesar de las críticas, San José optó por no dar explicaciones en ese momento, defendiendo la «evolución personal» de los presos etarras como justificación de las decisiones tomadas.
Javier de Andrés continuó su crítica, señalando que el ejecutivo de Pradales está intentando «corromper el sistema de Justicia». Recordó el caso del etarra Asier Arzalluz Goñi, cuya progresión de grado ha suscitado controversia, acusando al PNV de tratar de manera favorable a los presos de ETA en comparación con otros reclusos. Pradales, en respuesta, defendió que su gobierno actúa en cumplimiento de la ley y que cualquier decisión sobre la progresión de grado se basa en informes técnicos y el control de la legalidad por parte de la Fiscalía.
La diputada de Vox subrayó que las cartas de arrepentimiento firmadas por los etarras que obtienen el tercer grado se han convertido en un «formulario», citando el caso de Arzalluz y el contenido de su declaración de arrepentimiento. Según Martínez, la legislación penitenciaria establece que debe haber una petición clara de perdón y colaboración con la Justicia, condiciones que, según ella, no siempre se están cumpliendo. Destacó que la Fiscalía ha recurrido esta decisión, evidenciando la tensión entre la aplicación de la ley y las expectativas de las víctimas.
Sobre el uso del artículo 100.2, Martínez acusó al Gobierno Vasco de utilizarlo de forma habitual en lugar de excepcional, reiterando que esto se traduce en privilegios para algunos reclusos. San José continuó rechazando tales afirmaciones, afirmando que las decisiones tomadas no representan privilegios y que la progresión de grado no es un derecho absoluto. Según apuntó, el cumplimiento de la ley es fundamental, y las decisiones son el resultado de un proceso evaluativo riguroso por parte de los técnicos.
La diputada de Vox cerró su intervención recordando que, desde el acercamiento de los etarras a las cárceles del País Vasco y la cesión de competencias en 2021, se ha seguido un guion que favorece a los que han cometido delitos de terrorismo. Durante el debate, varios miembros de EH Bildu abandonaron la sala, mientras que la mayoría de los consejeros del Gobierno Vasco, incluido Pradales, mostraron desinterés por las intervenciones, prestando más atención a sus dispositivos móviles. Esta situación refleja una desconexión entre el Ejecutivo y las preocupaciones de las víctimas y la sociedad en general.
La actual gestión de los presos etarras y las decisiones relacionadas con su tratamiento en prisión continúan siendo un tema candente en la política vasca. La diputada Martínez enfatizó que la progresión de grado no debe ser entendida como un privilegio, sino que debe ser analizada en el contexto de la evolución personal de los internos. Con un tiempo limitado antes de que algunos de estos presos cumplan sus condenas, la aplicación de la legislación vigente sigue siendo un aspecto central del debate en la sociedad vasca.
