El portavoz de la organización, José Arturo Val de Olmo, ha compartido detalles sobre la reunión que mantuvieron con el lehendakari Imanol Pradales y el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. En esta cita, se abordó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada en el Parlamento Vasco, que busca igualar la pensión mínima al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Actualmente, se desconoce si el Gobierno Vasco mostrará un criterio favorable para que la ILP continúe su tramitación. Si el PNV y el PSE-EE apoyan esta propuesta, se procederá a su desarrollo como proyecto de ley. Sin embargo, en caso de que el Ejecutivo se oponga, la iniciativa podría caer en desuso debido al rechazo de ambos socios.
Val de Olmo señaló que tanto Pradales como Torres indicaron que la decisión sobre la ILP aún no se ha tomado. El Gobierno Vasco ha solicitado un informe jurídico que evaluará si la propuesta es compatible con la Constitución. Este análisis llega tras un informe previo de los servicios jurídicos del Parlamento Vasco que, según Val de Olmo, establece que es competencia del gobierno autonómico.
A pesar de la evaluación en curso, Val de Olmo sostuvo que el Gobierno Vasco debe adoptar una «decisión política» sobre el tema. En su opinión, la constitucionalidad de la ILP debería resolverse en el momento en que se presente una ley, y considera que no tiene sentido que el informe jurídico condicione el inicio del proceso parlamentario.
Los pensionistas esperan una próxima reunión con el lehendakari antes del 8 de septiembre, fecha límite para que el Gobierno Vasco emita su posición sobre la ILP. Val de Olmo calificó el encuentro como «interesante y positivo», dado que pudieron presentar detalles sobre la iniciativa que cuenta con más de 145.000 apoyos ciudadanos.
La reunión fue solicitada por los pensionistas para conocer la postura del Ejecutivo. La ILP, que también cuenta con el respaldo de la mayoría sindical vasca, incluyendo organizaciones como ELA, LAB y ESK, plantea la creación de un sistema vasco de complemento de prestaciones. Este sistema garantizaría que todos los pensionistas mayores de 60 años que residan y estén empadronados en Euskadi dispongan de ingresos mínimos equivalentes al 100 % del SMI, que para el presente año asciende a 1.184 euros brutos repartidos en 14 pagas.
La situación se convierte en un tema central en la agenda política del Gobierno Vasco, ya que la ILP refleja una creciente preocupación por las condiciones de vida de los pensionistas en Euskadi. Los próximos pasos del Ejecutivo serán cruciales para determinar el futuro de esta importante iniciativa y su impacto en la vida de miles de ciudadanos.
