El reciente escándalo relacionado con los udalekus en Bernedo ha llevado a las administraciones vascas a actuar con rapidez. Desde que se reveló a finales de septiembre que estos campamentos se llevaban a cabo sin la debida autorización ni supervisión, se han acumulado quejas desde 2019. En respuesta, el Gobierno Vasco ha anunciado la creación de un cuerpo de inspección que estará formado por tres profesionales. Esta nueva unidad se encargará de detectar y ubicar entidades que operen en la clandestinidad.
Adrián López, director de Juventud y Emancipación del Gobierno Vasco, explicó en una entrevista que cada inspector estará asignado a un territorio específico. Su labor no solo incluirá la supervisión de las organizaciones que ya han presentado la documentación requerida, sino que también servirán para fortalecer a aquellas que cumplen con la normativa, tal como hizo hincapié el director. Para ello, se elaborará una lista de campamentos que hayan entregado toda la documentación necesaria, facilitando así la tarea a las familias que buscan opciones de ocio educativo para sus hijos.
Este control adicional se considera uno de los pasos más relevantes para reforzar la regulación del ocio educativo en el País Vasco. López mencionó que, a diferencia de otras comunidades autónomas, esta medida destaca por su enfoque proactivo. Aunque se prevé que los inspectores provengan del personal del Ejecutivo, también habrá una colaboración estrecha con las diputaciones, que son las encargadas de recibir las notificaciones sobre este tipo de actividades.
El pasado jueves, se emitió un comunicado en el que se informaba sobre la creación de una mesa de coordinación entre el Gobierno Vasco, las tres diputaciones y Eudel. Esta mesa se estableció para incrementar la vigilancia sobre los udalekus de Bernedo. La preocupación surgió tras el aviso de que Sarrea Euskal Udalekuak había abierto inscripciones para el verano, un hecho que fue notificado a la Diputación de Álava.
La Diputación instó a los responsables de los campamentos a cumplir con la obligación de notificar sus actividades con al menos 30 días de antelación. Además, se les recordó que existía un procedimiento administrativo en curso relacionado con infracciones graves de la Ley de Juventud. Este proceso busca garantizar que las actividades en el municipio estén bajo el escrutinio de las autoridades competentes.
El Gobierno Vasco y las diputaciones también subrayaron que, además de la vía administrativa, se ha activado un proceso judicial en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria. Este proceso tiene como objetivo esclarecer las circunstancias que rodean las denuncias presentadas por una veintena de familias, que alegan que los responsables del campamento obligaron a menores a asearse en duchas mixtas junto a monitores.
La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, enfatizó que es responsabilidad de las administraciones públicas implementar las medidas adecuadas para prevenir situaciones similares en el futuro. Esto responde a las denuncias interpuestas por menores que participaron en las últimas ediciones de los udalekus.
López también reconoció que, hasta que no se complete el proceso administrativo y judicial, no se podrá impedir la realización de los udalekus. No obstante, hizo hincapié en que los organizadores tienen la obligación de comunicar sus actividades a las autoridades competentes si desean llevarlas a cabo.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de un mayor control sobre las actividades de ocio infantil y juvenil en la comunidad. La actuación del Gobierno Vasco es un intento de establecer un equilibrio entre la oferta de campamentos veraniegos y la protección de los derechos de los menores, asegurando que las actividades se realicen bajo un marco legal adecuado y seguro.
