En un contexto de notable inestabilidad parlamentaria, el Gobierno Vasco ha logrado evitar una crisis con uno de sus socios, el PNV. Este desenlace se produce tras el cumplimiento de un acuerdo de traspaso de competencias que se pactó el pasado 15 de julio entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales. Las transferencias acordadas son cruciales para la relación entre ambas administraciones y abarcan, entre otros aspectos, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social por cuidado familiar y los subsidios no contributivos por desempleo.
Las tensiones entre el Ejecutivo central y el vasco habían ido en aumento, especialmente en la antesala de la Comisión Mixta de Transferencias, inicialmente programada para el día de mañana. La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, había señalado que su administración podría no asistir si no se concretaban los traspasos de competencias acordados, enfatizando la necesidad de «ser serios y respetar los acuerdos institucionales». Por su parte, Aitor Esteban, presidente del PNV, advirtió que si el Gobierno no cumplía, su partido podría cambiar su enfoque hacia la negociación, afirmando que «no nos quedaremos de brazos cruzados».
Este viernes, después de una reunión entre el lehendakari y su portavoz, se confirmó que el Gobierno Vasco sí asistirá a la comisión. La decisión se basa en la evaluación de que los traspasos son coherentes con el pacto firmado en julio, que se encuentra dentro del marco del Estatuto de Guernica. Este acuerdo es fundamental no solo para la relación entre ambas instituciones, sino también para la estabilidad interna del Gobierno español, que ha enfrentado diversas derrotas parlamentarias desde la pérdida del apoyo de Podemos y Junts.
El último revés significativo ocurrió antes de las vacaciones navideñas, cuando el Congreso rechazó por segunda vez el techo de gasto, un paso previo necesario para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. En este delicado panorama, la concreción de los traspasos ha permitido al Ejecutivo central minimizar su debilidad parlamentaria. Sin embargo, las relaciones con el PNV siguen siendo tensas, ya que, según fuentes del partido, «este es un primer paquete de transferencias, aún falta otro paquete hasta completar el Estatuto de Guernica».
El Congreso también tiene programado un Pleno importante para el 27 de enero, donde se debatirá y votará un real decreto-ley que incluye temas cruciales como la revalorización de las pensiones para 2026 y la prórroga de las ayudas al transporte. Esta situación se complica debido a que actualmente no cuenta con los votos necesarios para su aprobación.
A pesar de la resolución inmediata de esta crisis, la política en Euskadi permanece marcada por la tensión. Los compromisos no cumplidos del Gobierno central tienen un impacto directo en la imagen del PSE, socio del Ejecutivo vasco, lo que pone en duda su lealtad hacia el Estatuto de Guernica. Aún quedan 16 puntos por cumplir en áreas como Seguridad Social y desempleo, así como en la gestión de puertos y aeropuertos.
La oposición, liderada por EH Bildu, también tiene un papel importante en este escenario. Su secretario general, Arnaldo Otegi, ha hecho un llamado para formar una «lista nacional popular» que incluya a diversas formaciones soberanistas de Euskadi y Navarra, con el objetivo de actuar de manera unida en las próximas elecciones generales. Esta propuesta provoca tensiones dentro del PNV, que prefiere explorar la posibilidad de una lista conjunta con el PSOE en lugar de una coalición con Bildu.
En este intrincado entramado de relaciones e intereses cruzados, la política vasca se asemeja a un delicado juego de equilibrios, en el cual la coalición que coordina Otegi parece estar en una posición más cómoda. La situación actual refleja la complejidad inherente al sistema político en Euskadi, que se debate entre la colaboración y la competencia entre distintas formaciones políticas.
