El Gobierno Vasco ha decidido que los aproximadamente 70.000 funcionarios y empleados públicos dependientes de la Administración autonómica recibirán la paga extra de Navidad. Esta medida, anunciada por la portavoz del Ejecutivo en funciones, Idoia Mendia, se basa en el argumento legal que impide no abonar dicha retribución. La decisión afecta a 67.000 trabajadores fijos y 3.000 interinos y sustitutos, aunque el lehendakari y sus consejeros no recibirán esta paga.
La confirmación de esta medida llega tras un periodo de incertidumbre y polémica que se ha prolongado durante dos semanas. Mendia explicó en rueda de prensa que la orden para realizar el pago, que supondrá un desembolso de 208 millones de euros, se sustenta en una serie de informes jurídicos que respaldan la decisión del Gobierno Vasco.
Este pago extra es considerado por el Ejecutivo como un derecho que no se puede vulnerar, especialmente tras la aprobación de un decreto en julio que limitó las retribuciones. La portavoz del Gobierno en funciones argumentó que el decreto del Gobierno central de 2010, que impuso recortes salariales, obligó al Ejecutivo vasco a buscar la modificación de sus presupuestos mediante el Parlamento, un paso que no fue posible en esta ocasión debido a la disolución de la Cámara.
La decisión de este año adquiere relevancia particular debido a que el decreto fue aprobado en un mes en el que Euskadi no podía actuar en el ámbito parlamentario. La anticipación de elecciones por parte del lehendakari Patxi López en agosto resultó en una falta de oportunidad para modificar los presupuestos, lo que llevó a la conclusión de que la paga extra debía ser abonada.
Mendia subrayó que no pagar esta paga extra sería una acción contraria a la legalidad. Sostuvo que es esencial contar con una ley autonómica que modifique lo dispuesto en el decreto ley para que el mismo sea eficaz. “Si el Gobierno vasco hubiera decidido no pagarla, estaría tomando una decisión contraria a derecho”, afirmó.
La resolución del Ejecutivo se produce en un contexto de tensión con el PNV, que ha optado por no abonar la extra de Navidad a sus empleados en la Diputación de Bizkaia. Este partido ha argumentado que la decisión responde a un «imperativo legal». Mendia no quiso pronunciarse sobre si los argumentos del Gobierno Vasco son aplicables a las Diputaciones, aunque se sugiere que no, dado que sus normas no tienen la misma jerarquía legal.
La situación también ha suscitado reacciones en el ámbito estatal. La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, hizo hincapié en que la opinión del Gobierno central sobre esta cuestión es negativa. Aunque la retribución de los funcionarios es competencia del Estado, no se han anunciado medidas concretas al respecto.
La Delegación del Gobierno ha señalado que espera conocer el contenido del acuerdo para evaluar posibles acciones. La medida del Gobierno Vasco pone fin a un periodo de incertidumbre para los empleados públicos y refleja la complejidad de la relación entre las administraciones en Euskadi.
Esta situación es un ejemplo claro de los desafíos que enfrenta el Gobierno en funciones en su intento de gestionar el día a día de la Administración, mientras se encuentra en un periodo de transición política. La decisión de abonar la paga extra de Navidad es, en última instancia, un paso que busca mantener la estabilidad y el reconocimiento del esfuerzo de los funcionarios durante un periodo de recortes y ajustes.
