El Gobierno Vasco expresó el día de ayer una valoración muy positiva respecto al anuncio hecho por el ministro del Interior. Según diversas fuentes consultadas, consideran que esta iniciativa se alinea de forma óptima con las propuestas presentadas por el lehendakari Patxi López durante el pleno de política general celebrado en septiembre, así como con su pedido, reiterado desde el cese de la violencia de ETA, para desarrollar una política penitenciaria más flexible y adaptada a la situación actual.
El Ejecutivo autónomo, representado por el consejero de Interior, Rodolfo Ares, quien se reunió con el ministro por la mañana, se comprometió a colaborar plenamente en la implementación del plan. En este contexto, el PSOE ha reafirmado su respaldo al Gobierno en materia de política antiterrorista, una postura que también ha sido reiterada por la vicesecretaria de organización socialista, Elena Valenciano.
Patxi López, quien participó el mismo día en Gernika en los actos conmemorativos del 75º aniversario del bombardeo, delegó la respuesta a su comisionado para la paz y la convivencia, Jesús Loza. Este último ha llevado a cabo gestiones discretas con el ministerio sobre este asunto desde antes de su nombramiento oficial. Loza ha estado trabajando en la vía Nanclares junto con el Ejecutivo de Zapatero y mantiene conocimiento personal de varios presos que están en proceso de reinserción.
“Es un paso positivo y un avance en la buena dirección”, afirmó Loza, quien también destacó que otro paso esencial para los presos sería la disolución de la banda. Subrayó el contrasentido de que Batasuna haya “acatado la legalidad cumpliendo la ley de Partidos” para poder participar en las instituciones, mientras que impide a los presos hacer lo mismo. Esta situación, advirtió, les cierra el camino hacia un «itinerario que, en algún momento, podría mejorar su situación». El comisionado enfatizó que la clave es la «reinserción», que debe ser individualizada y ajustada a la legalidad y al Estado de derecho. “Todos y cada uno de los presos” deberán realizar su incorporación al programa de forma individual.
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, quien juega un papel fundamental en la configuración de la política de su partido sobre el fin de la banda, defendió en Bilbao que el plan es “constitucional”, argumentando que “siempre ha existido la posibilidad de que un preso rompa con el pasado, se arrepienta y colabore con la Justicia”. Sin embargo, también aseguró que esto no implicará “impunidad para los presos ni que los asesinos salgan gratis a la calle”.
Por otro lado, Iñigo Urkullu, presidente del PNV, planteó que el plan presenta una “arista”, haciendo referencia a la interpretación del perdón hacia las víctimas, un aspecto que considera que merece revisión, dado su carácter personal. Urkullu expresó: “Debemos ayudar entre todos, siendo conscientes de las circunstancias que afectan a todas las partes”, en declaraciones a la SER.
Desde el sector independentista, llegaron críticas hacia el plan. La izquierda abertzale condenó la propuesta a través de un comunicado, manifestando que “una vez más, el Gobierno español del Partido Popular hace oídos sordos y menosprecia la exigencia de la sociedad vasca para que cese de manera definitiva la política penitenciaria criminal que se aplica a los presos políticos vascos”. El texto añade que “la sociedad vasca exige que se ponga fin a la política inhumana de excepción que sufren los presos políticos vascos”.
El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, de Bildu, también expresó que no observa avances “sustanciales” en el nuevo plan. En declaraciones a los medios en Gernika, exigió “la repatriación inmediata de todos los presos políticos vascos y la excarcelación de aquellos que han cumplido las tres cuartas partes de su condena, así como de los enfermos”. Según su perspectiva, “una sociedad normalizada políticamente no puede sostener 700 presos políticos” y criticó que el Gobierno persista en un “inmovilismo” que no beneficia a nadie.
