El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari Imanol Pradales mantuvieron el pasado martes una reunión privada en Madrid que se prolongó durante una hora. Este encuentro se llevó a cabo en el contexto de una cumbre entre ambos ejecutivos, cuyo objetivo es negociar diversas transferencias al País Vasco. Durante la charla, ambos líderes lograron establecer acuerdos preliminares, uno de los cuales se refiere a la propuesta de Talgo por parte de un grupo de inversores vascos, que incluye tanto entidades del sector público como privado.
En este sentido, Sánchez comunicó a Pradales que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) respaldará al mencionado grupo de inversores mediante una financiación que ascenderá a 75 millones de euros en forma de préstamos convertibles en acciones. Posteriormente, la cumbre se extendió hasta la tarde, finalizando con la comparecencia de Pradales, quien ratificó el acuerdo en torno a Talgo a través de la SEPI, aunque evitando ofrecer más detalles que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
El consorcio vasco, liderado por Sidenor, ya había presentado en este mes una propuesta adicional de créditos participativos que suma otros 75 millones de euros. Esta línea de financiación tiene como finalidad renegociar de manera más favorable la deuda de 400 millones que tiene Talgo. Desde el grupo que incluye a la siderúrgica, se solicitaba a la SEPI una contribución similar, ya fuera a través de préstamos convertibles o mediante participación directa en el capital del fabricante de trenes.
La situación financiera de Talgo, que incluye tanto su pasivo como una multa impuesta por Renfe de 116 millones de euros debido a retrasos en la entrega de pedidos, ha complicado el proceso. El consorcio vasco era el único candidato para adquirir el 29,7% de las acciones en manos del fondo Trilantic, que busca desprenderse de su participación en la empresa. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez ha priorizado la opción de un socio industrial español, desestimando la oferta de la empresa húngara Ganz-Mavag, que valoraba a Talgo en 619 millones de euros.
Desde esa oferta, el consorcio vasco ha elevado su propuesta a 4,15 euros por acción, mientras que el valor de Talgo cerró a 3,80 euros en la jornada correspondiente. Sin embargo, el precio de la acción ha continuado en descenso, alcanzando los 2,96 euros al cierre de la sesión del pasado martes, tras una leve subida del 2,07%. Este comportamiento en el mercado refleja la incertidumbre sobre la estrategia del Gobierno.
La importancia de Talgo para la economía vasca es notable, ya que su planta en Rivabellosa (Álava) emplea a 700 personas y mantiene una extensa red de proveedores en la comunidad autónoma. La propuesta desde Euskadi incluye, además, el traslado de la sede social de la compañía desde Madrid, donde cuenta con otra fábrica con 500 empleados, al País Vasco.
En el marco de la reunión, la comisión bilateral entre los gobiernos de Sánchez y Pradales también logró avanzar en otros cuatro puntos relacionados con traspasos de competencias. El primer punto contempló la ampliación de los medios patrimoniales que se encuentran ligados a los servicios ya transferidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El segundo acuerdo se centró en el traspaso de funciones en relación con la legislación sobre Salvamento Marítimo, aplicable a aguas interiores y territoriales.
Además, el tercer punto se refiere a un pacto sobre la gestión de prestaciones familiares de la Seguridad Social, incluyendo subsidios por nacimiento en su modalidad no contributiva. Por último, se acordó que el Gobierno Vasco asumirá las funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social en lo que respecta a la gestión de prestaciones del seguro escolar.
Este avance en las negociaciones refuerza el compromiso del Gobierno Vasco con el desarrollo económico de la región y la defensa de los intereses de sus ciudadanos, marcando un paso significativo en la colaboración intergubernamental.
