El Gobierno Vasco ha tomado la decisión de conceder el tercer grado o régimen abierto al recluso de ETA Jon Bienzobas Arretxe, conocido como Karaka. Este individuo fue condenado por los asesinatos de Rafael San Sebastián Flechoso y del expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, en 1990 y 1996, respectivamente. La medida, que puede ser impugnada por la Fiscalía, permitirá a Bienzobas salir a diario de prisión, regresando solo para dormir de lunes a jueves.
Las condenas de Karaka suman un total de 266 años, aunque la legislación establece un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo, que se cumplirá el 22 de noviembre. Esta decisión se produce en un contexto de controversia, dado que el Gobierno Vasco también había otorgado medidas similares a exjefes de ETA como Garikoitz Aspiazu, Txeroki, y Soledad Iparragirre, Anboto. Según los informes presentados, se ha valorado que Bienzobas muestra una «buena conducta» en prisión y ha tenido una «evolución favorable» tras mostrar dificultades iniciales.
Además, se destaca que cuenta con una «oferta laboral contrastada» y apoyo familiar, lo que contribuye a la decisión del ejecutivo que dirige la consejera María Ubarretxena. Este ha resaltado que Bienzobas está cumpliendo con la responsabilidad civil a la que fue condenado y que ha demostrado una «motivación favorable al desarrollo personal». En este sentido, ha presentado varias cartas de arrepentimiento en las que expresa su dolor por las acciones cometidas.
En una de estas misivas, Bienzobas reconoce que sus acciones provocaron «consecuencias muy graves e irreparables» a las familias de sus víctimas, añadiendo: «Ojalá este sufrimiento no se hubiese producido. Yo asumo personalmente la responsabilidad de estas pérdidas, por lo cual quiero expresarles todo mi respeto, que siento su dolor y también mi compromiso en este sentido de sanar dentro de lo posible el daño ocasionado». Su intención, según se ha indicado, es «reconstruir los puentes rotos» para avanzar hacia una convivencia en paz y democráticamente.
Sin embargo, esta decisión ha generado críticas contundentes por parte del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Su presidenta, Consuelo Ordóñez, hermana de un concejal del PP asesinado por ETA, ha calificado el tercer grado de Bienzobas como «fraudulento». En un comunicado, Ordóñez ha puesto en duda la credibilidad de las cartas de perdón: «Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe», indicó. La presidenta subrayó que, sin un arrepentimiento público y claro, no hay motivo para dar crédito a esos escritos.
La controversia en torno a Bienzobas no es nueva. Anteriormente, se vio envuelto en otra polémica cuando el Ayuntamiento de Galdakao, donde es originario y que estaba gobernado por EH Bildu, organizó en octubre de 2019 una exposición con sus pinturas titulada Desde la ventana de mi celda. Esta iniciativa fue muy criticada por las familias de las víctimas y por varios partidos políticos, lo que llevó al Gobierno Vasco a solicitar su cancelación. Sin embargo, la Audiencia Nacional desestimó la petición de Covite, argumentando que la exposición no vulneraba ninguna ley.
La concesión del tercer grado a Bienzobas no solo refleja la complejidad del sistema penitenciario en relación con los delitos de terrorismo, sino que también pone de manifiesto la continua tensión entre la justicia y las víctimas del terrorismo en el contexto vasco. La situación deja entrever la necesidad de un diálogo abierto sobre cómo avanzar hacia una convivencia pacífica en un territorio que ha sufrido mucho debido a la violencia y el terrorismo. El Gobierno Vasco deberá manejar con delicadeza estos temas para evitar más polarización en la sociedad vasca.
