El Gobierno Vasco ha autorizado un régimen de semilibertad para la exdirigente de ETA, Soledad Iparraguirre, conocida como ‘Anboto’. Esta decisión permite que Iparraguirre salga de la prisión donostiarra de Martutene de lunes a viernes, aunque deberá regresar cada noche a cumplir su condena, según el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La entrada en vigor de este régimen se producirá a partir del 23 de enero, aunque la fecha exacta de su salida aún no ha sido confirmada.
Fuentes del Departamento de Justicia y Derechos Humanos han indicado que este régimen no debe considerarse un tercer grado, sino más bien como una medida intermedia para facilitar la reintegración del interno, dado que su condena ya está bastante avanzada. Este modelo permite a los internos trabajar o realizar actividades de voluntariado durante el día, regresando a prisión únicamente por las noches.
Para acceder a este régimen, el interno debe presentar un «plan de ejecución» que demuestre que tiene un empleo o que participará en actividades de voluntariado, incluyendo los horarios correspondientes. Una vez que se presente esta solicitud, la Fiscalía de la Audiencia Nacional deberá emitir un informe, aunque este no será vinculante. La decisión final sobre la aprobación del régimen estará en manos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.
Recientemente, otro exmiembro de ETA, Garikoitz Aspiazu, conocido como ‘Txeroki’, recibió un régimen similar, lo que generó críticas de diversas asociaciones de víctimas del terrorismo. Iparraguirre, nacida en Escoriaza (Gipuzkoa) en 1961, fue detenida en 2004 en Francia junto a Mikel Albisu, también conocido como ‘Antza’, cuando ambos residían en una localidad francesa con su hijo.
En el momento de su arresto, Iparraguirre era supuestamente responsable de las operaciones de extorsión de ETA. Tras su captura, la juez antiterrorista Laurence Le Vert la procesó por dirigir y organizar una banda terrorista. En 2010, fue condenada en Francia a 20 años de prisión por el Tribunal de lo Criminal de París.
Desde su entrega a España en 2019, Iparraguirre ha enfrentado múltiples juicios. En su primer proceso en el país, que tuvo lugar en 2020, recibió una condena de 122 años de cárcel por la muerte del comandante del Ejército Luciano Cortizo en un atentado en 1995. Además, también fue condenada en otras causas por su implicación en diversos ataques terroristas.
En uno de los juicios más significativos, fue acusada como cooperadora necesaria en un atentado con granadas en la Comisaría de Policía de Buenavista, en Oviedo, en 1997. Si bien en un principio fue absolvida, la Audiencia Nacional posteriormente reconsideró su situación y la volvió a enjuiciar, resultando en una condena de 425 años de cárcel por un atentado frustrado contra un dispositivo policial en Vitoria en 1985.
La última condena se produjo en 2021, cuando recibió 15 años de prisión por haber ordenado el asesinato del Rey Juan Carlos durante un evento en Bilbao en 1997. A pesar de estas secciones judiciales, Iparraguirre fue parte del anuncio de disolución de ETA en 2018, junto a Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, conocido como ‘Josu Ternera’.
La concesión de la semilibertad a Iparraguirre, así como a otros exmiembros de ETA, continúa siendo un tema polémico en la sociedad española, suscitando debate sobre la reintegración de antiguos terroristas y el impacto que estas decisiones tienen en las víctimas y en la sociedad en general.
