El Gobierno Vasco ha decidido otorgar un régimen de semilibertad a Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, quien es considerada una de las integrantes más letales de ETA. Esta mujer acumula numerosas condenas, incluyendo la autoría de quince asesinatos y la orden de un atentado contra el rey Juan Carlos I durante la inauguración del Museo Guggenheim. A pesar de haber sido condenada a un total de 647 años de prisión, podrá salir de la cárcel de lunes a viernes, regresando únicamente por las noches.
Este nuevo régimen comenzará a aplicarse a partir del 23 de marzo, aunque no se ha especificado cuándo tendrá lugar su primera salida. Según las normativas vigentes, Iparraguirre deberá presentar un plan que demuestre su actividad laboral o de voluntariado, aunque el proceso todavía está en fase de evaluación. La Fiscalía de la Audiencia Nacional deberá emitir un informe que, aunque no es vinculante, influirá en la decisión final del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.
Iparraguirre no es la única que ha recibido esta medida; su compañero, Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como Txeroki, salió de la prisión de Matutene en febrero bajo un régimen similar. Al igual que Iparraguirre, puede abandonar la cárcel durante el día, pero debe regresar por las noches y permanecer allí durante los fines de semana.
La decisión del Gobierno Vasco ha suscitado críticas por parte del PP Vasco, que ha expresado su descontento a través de redes sociales, afirmando que «PSOE y PNV han dejado que los terroristas que maltrataron a nuestra sociedad sean quienes decidan cómo va a ser su propio proceso penitenciario. Impunidad y amnistía encubierta».
El pasado de Iparraguirre es notablemente violento; fue una de las figuras clave en la dirección de ETA y se encargaba del aparato de extorsión de la organización terrorista cuando fue arrestada en Francia en 2004 junto a Mikel Albisu, Antza. En 2010, fue condenada en París a 20 años de prisión por su papel en la dirección de la banda y fue entregada a España en 2019, acumulando desde entonces penas que suman centenares de años.
Entre sus condenas destacan los 122 años por el asesinato del comandante Luciano Cortizo en 1995, así como los 425 años por su implicación en un atentado fallido en 1985 en Vitoria. A estas se suman otras penas por diversos crímenes, incluyendo un atentado que causó la muerte del cartero Estanislao Galíndez en 1985 y una explosión en Escoriaza en 1987, lo que pone de manifiesto la gravedad de sus acciones.
Iparraguirre ha mantenido un rol activo en la organización hasta su disolución en 2018, y su reciente liberación ha reabierto el debate sobre la gestión del proceso penitenciario de los exterroristas. Las reacciones varían, pero lo que está claro es que su historia y la de otros miembros de ETA continúan afectando a la sociedad española, especialmente en el contexto vasco.
A medida que avanza el tiempo, la situación de Iparraguirre y otras figuras de ETA seguirá siendo un punto de controversia en la política del País Vasco, reflejando las tensiones existentes entre la memoria histórica y los derechos humanos. Este delicado equilibrio entre justicia y reinserción social plantea preguntas sobre el futuro de las políticas penitenciarias en España.
