El Gobierno Vasco ha otorgado un tercer grado que ha sido calificado como «fraudulento» a Asier Arzalluz Goñi, un miembro de ETA implicado en el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle en el año 2000. Arzalluz fue condenado por la Audiencia Nacional a 30 años de prisión el 3 de diciembre de 2024. En un periodo inferior a dos años, ha logrado acceder a los beneficios del tercer grado penitenciario, coincidiendo en el tiempo con la liberación de Txeroki, uno de los líderes de la banda, quien salió de prisión por primera vez la semana pasada.
La Audiencia Nacional, en un comunicado que ha sido analizado por varios medios, indicaba que el ‘comando Ttotto’, del que Arzalluz formaba parte, realizó múltiples intentos para acabar con la vida de López de Lacalle. Finalmente, el 7 de mayo de 2000, un integrante del comando, conocido como José Ignacio G.L. o ‘Xabi’, siguiendo las órdenes de ‘Txapote’, disparó a corta distancia al periodista, provocando su muerte. Arzalluz estaba involucrado en la planificación del atentado.
Reacciones ante la concesión del tercer grado
La organización Covite ha expresado su rechazo ante esta decisión, denunciando que se trata de una nueva «amnistía encubierta» por parte del Gobierno Vasco. A través de un comunicado, Covite ha asegurado que, a pesar de la legalidad que se invoca desde el Ejecutivo, «no se debería premiar con semilibertad a quien no ha hecho nada por merecerla». El colectivo ha subrayado que el problema radica no en la existencia de la norma, sino en su interpretación que considera errónea, especialmente respecto al elemento del arrepentimiento.
Según Covite, «se cumple formalmente con la legalidad, pero se pervierte su finalidad». La presidenta de la organización, Consuelo Ordoñez, ha declarado que si el arrepentimiento fuera genuino, debería reflejarse en acciones visibles, mientras que la realidad muestra que «la izquierda abertzale exhibe a los exmiembros de ETA como si fueran héroes». Esta situación, afirma, es incompatible con un auténtico arrepentimiento.
Covite ha solicitado a la Audiencia Nacional que actúe y recurra esta decisión, argumentando que es crucial impedir que se consolide esta «amnistía encubierta», que afecta directamente al derecho de las víctimas a obtener justicia. Este tipo de decisiones generan un profundo malestar entre las asociaciones de víctimas del terrorismo, que consideran que se vulnera su derecho a la memoria y a la justicia.
Por otro lado, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha informado que, desde el año 2022, se han registrado un total de 113 concesiones del tercer grado penitenciario. Esta situación ha generado un debate intenso en la sociedad vasca, donde se cruzan enfoques sobre la reinserción de los condenados por terrorismo y la justicia para las víctimas. Las perspectivas sobre el manejo de historias de vida en relación con el terrorismo siguen siendo un tema sensible y complejo en el contexto actual.
La concesión de este tercer grado a Arzalluz ha reabierto heridas en muchas familias afectadas por la violencia de ETA, quienes ven en estas decisiones una falta de reconocimiento a su sufrimiento y una trivialización del impacto que estos crímenes han tenido en la sociedad. Este tipo de casos sigue siendo un tema candente en la comunidad vasca, donde las tensiones entre diferentes narrativas históricas y la búsqueda de justicia persisten.
A medida que se avanza en este debate, queda por ver cómo el Gobierno Vasco y las instituciones judiciales responderán a las preocupaciones planteadas tanto por las organizaciones de víctimas como por el propio sistema judicial. La reconciliación y el reconocimiento del dolor de las víctimas serán fundamentales en el camino hacia una convivencia pacífica en la comunidad vasca.
