El Gobierno Vasco ha otorgado el tercer grado penitenciario a Asier Arzalluz, un exmiembro de ETA, permitiéndole así cumplir el resto de su condena en su domicilio. Este hecho se produce tras su implicación en el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle el 7 de mayo de 2000. La decisión de concederle este beneficio ha generado un considerable debate en la sociedad vasca, especialmente entre aquellos que han sufrido las consecuencias del terrorismo.
La concesión del tercer grado a Arzalluz sucedió un día después de que la consejera María Jesús San José defendiera la salida a diario del etarra Garikoitz Azpiazu Txeroki de la prisión de Martutene, ubicada en Gipuzkoa. Esta política penitenciaria parece alinearse con las expectativas de la izquierda abertzale, que aboga por una mayor flexibilización en la ejecución de las condenas de los presos de ETA.
Asier Arzalluz Goñi ha sido condenado en múltiples ocasiones por delitos graves, incluyendo asesinato, intento de asesinato y otros atentados terroristas. En su caso más destacado, la Audiencia Nacional le impuso en diciembre de 2024 la máxima pena de prisión, 30 años, por colaborar en el asesinato de López de Lacalle. A pesar de haber pasado un total de 23 años en prisión, los jueces subrayaron la falta de arrepentimiento por parte de él y de su compañero de comando durante todos esos años.
El Comando Totto, al que pertenecía Arzalluz, fue desmantelado en febrero de 2001. Arzalluz fue arrestado en 2002 en Francia, donde cumplió una sentencia de siete años, sumándose a los 16 años que pasó en cárceles españolas. La concesión del tercer grado a Arzalluz, que le permite cumplir su condena en casa, se interpreta como una respuesta a las demandas de ciertos sectores políticos, especialmente de EH Bildu.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha manifestado su rechazo a esta medida, considerando que representa un “tercer grado encubierto” que favorece a los etarras sin exigir un verdadero arrepentimiento, como lo estipula la legislación actual. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha señalado que esta decisión es un nuevo paso en la política penitenciaria del Gobierno Vasco que podría desvirtuar el proceso de reinserción social.
Covite también ha resaltado que Arzalluz sigue vinculado al entorno etarra, apareciendo en la lista actualizada de Etxerat, que agrupa a los presos de ETA adscritos a Sortu y que se presentan como “presos políticos”. Esta situación evidencia la complejidad del discurso político en torno a la memoria y la justicia en el País Vasco, donde las heridas del pasado aún no han sanado del todo.
La concessión del tercer grado a Arzalluz y las políticas penitenciarias del Gobierno Vasco plantean interrogantes sobre el futuro de la reconciliación en la sociedad vasca. A medida que se avanza en este tipo de medidas, será crucial observar cómo reaccionan tanto las víctimas del terrorismo como la población en general, así como las repercusiones en las dinámicas políticas en Euskadi.
