En febrero de 2022, el Gobierno Vasco decidió aumentar las concesiones de tercer grado a los miembros de la banda armada ETA. Desde esa fecha, las instituciones en el País Vasco han otorgado un total de 117 permisos, algunos de los cuales han sido considerados fraudulentos por las asociaciones de familiares de las víctimas. Este incremento ha sido documentado en un informe elaborado por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que se actualizó hasta el 28 de febrero y fue presentado a principios del presente mes.
En los últimos cuatro años, se ha observado un incremento notable en las concesiones. La última persona en recibir este beneficio fue Goñi, quien fue condenado a 30 años de prisión en 2024 y cuyo caso ya ha sido apelado ante los tribunales. Hasta el momento, no se ha emitido una resolución final sobre su situación.
Aparte de las concesiones otorgadas por el Gobierno Vasco, también se han registrado permisos concedidos por Instituciones Penitenciarias. Desde la llegada del líder socialista al Palacio de la Moncloa en octubre de 2018, un total de 28 terroristas han obtenido este tipo de beneficios. En una legislatura que inició en el verano de 2018, se han dado casos de relevancia, como los de Olga Sanz y Javier Moreno en agosto de ese año.
Sin contar con los 54 miembros que han logrado la libertad condicional, se estima que desde que el presidente Sánchez asumió el cargo, un total de 147 terroristas han obtenido el tercer grado. La presidenta de Covite, Consuelo Ordoñez, ha manifestado en varias ocasiones que «si el arrepentimiento fuera auténtico, tendría consecuencias visibles». Sin embargo, ha denunciado que la izquierda abertzale sigue considerando a la mayoría de los presos de ETA como «presos políticos».
Un caso particular que ha generado controversia es la concesión de la semilibertad a algunos miembros de ETA, como Txeroki y el reciente caso de Anbato. Según informes de Dignidad y Justicia, se ha producido un incumplimiento en la aplicación del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, que permite a los presos salir de prisión entre semana para trabajar o realizar labores de voluntariado. Este tipo de permiso no es equivalente al tercer grado, el cual implica una evaluación más profunda de cada caso.
Aunque no se han otorgado beneficios en algunos casos, no se descarta que, bajo nuevas regulaciones, históricos de la banda como ‘Txapote’, ‘Kantauri’, ‘Mobutu’ o ‘Gadafi’ puedan recibir reducciones en sus penas o incluso el tercer grado. Un caso diferente es el de Josu Ternera, quien se encuentra en espera de proceso judicial. Recientemente, la Audiencia Nacional reafirmó su apoyo a Pedraz en su intento de llevar a cabo la orden de detención del exjefe de ETA.
La creciente preocupación en torno a estas concesiones refleja un debate más amplio sobre la política penitenciaria en España, especialmente en relación con la historia del terrorismo en el País Vasco. Las decisiones que se tomen en este ámbito no solo impactan a los implicados directamente, sino que también levantan inquietudes entre las víctimas y sus familias, quienes demandan justicia y reconocimiento por el sufrimiento que han padecido. La situación actual plantea un importante reto para el Gobierno Vasco y para la sociedad en general, en su intento de encontrar un equilibrio entre derechos humanos, justicia y memoria histórica.
