La consejera de Justicia y de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José López, ha tomado la controvertida decisión de otorgar beneficios penitenciarios al exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki. Esta medida podría complicar la resolución de numerosos atentados en los que estuvo involucrado, ya que se le concede un régimen de semilibertad que le permite salir de prisión para actividades de voluntariado. Sin embargo, según las fuentes consultadas, esta acción podría contradecir la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Txeroki, que acumula condenas que superan los 400 años, recibió estos privilegios sin la autorización de un juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. Desde su detención en Francia en noviembre de 2008, ha sido condenado en múltiples ocasiones, incluyendo una sentencia de 377 años en 2011 por varios intentos de asesinato. A pesar de la gravedad de sus crímenes, su nuevo estatus podría dificultar el avance en la investigación de al menos 449 años de condenas contabilizadas por el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.
Con este nuevo régimen, se pierde la oportunidad de obtener la colaboración de Txeroki para esclarecer casos sin resolver relacionados con ETA. Su testimonio podría arrojar luz sobre asesinatos notables y atentados, como el de la delegada de Antena 3 en el País Vasco o el secuestro de una familia en el sur de Francia, que han permanecido en la impunidad.
Además, su declaración podría ser clave para esclarecer otros asesinatos de figuras públicas y agentes del Estado perpetrados durante su liderazgo en la organización terrorista. Sin embargo, la falta de colaboración por parte de los etarras excarcelados, que no han cumplido con los requisitos establecidos por la normativa penitenciaria, ha dificultado en gran medida la resolución de estos crímenes.
Según el apartado sexto del artículo 72 de la mencionada ley, los reos condenados por delitos de terrorismo deben cumplir cinco requisitos antes de recibir beneficios penitenciarios, entre ellos desvincularse de la organización y colaborar con la justicia. Sin embargo, la historia reciente ha demostrado que muchos reclusos no han cumplido con estas condiciones, lo que deja a más de 300 asesinatos sin resolver.
La concesión de beneficios a Txeroki ha sido vista por algunos como un indulto encubierto, exacerbando la preocupación de las víctimas del terrorismo. A finales de agosto de 2024, su traslado a la prisión de Martutene en San Sebastián marcó el inicio de un periodo de privilegios que algunos consideran como un resultado de acuerdos políticos entre el actual Gobierno y formaciones como PNV y Bildu.
La información sobre este tipo de decisiones ha reavivado el debate sobre la política penitenciaria en España. Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, ha existido un interés por revisar las normas que rigen la reinserción de terroristas, pero muchos aseguran que estas medidas han favorecido más a los etarras que a las víctimas. Actualmente, más de la mitad de los presos de ETA gozan de regímenes flexibles, lo que alimenta la indignación de familiares de víctimas.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha criticado abiertamente la situación, afirmando que la falta de arrepentimiento y colaboración por parte de los etarras es un obstáculo para la justicia. Ordóñez ha insistido en que el arrepentimiento debe ser público y no solo un trámite para acceder a beneficios penitenciarios. Cree firmemente que la memoria y la justicia deben prevalecer sobre las políticas que favorecen a los terroristas.
En medio de esta polémica, el caso de Txeroki ha puesto de relieve la complejidad de la política penitenciaria actual y su impacto en la memoria de las víctimas. La justicia española pierde la oportunidad de esclarecer una serie de asesinatos, lo que añade una nueva capa de dolor para aquellos que han sufrido la violencia de ETA. La necesidad de un debate honesto y transparente sobre estas cuestiones es más urgente que nunca.
A medida que avanzan las discusiones sobre cómo abordar esta problemática, queda claro que la búsqueda de justicia y verdad para las víctimas del terrorismo sigue siendo una asignatura pendiente en la sociedad española.
