El Gobierno Vasco ha manifestado una impresión positiva tras el anuncio reciente del ministro del Interior. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, esta iniciativa se alinea con las peticiones realizadas por el lehendakari Patxi López durante el pleno de política general celebrado en septiembre y con su demanda de implementar una política penitenciaria más flexible desde que ETA dejó de ejercer la violencia.
El consejero de Interior, Rodolfo Ares, mantuvo una conversación matutina con el ministro, donde se comprometió a colaborar plenamente en la ejecución de este plan. El PSOE ha reafirmado su respaldo al Gobierno en sus esfuerzos relacionados con la política antiterrorista, como indicó la vicesecretaria de organización socialista, Elena Valenciano.
Durante un evento en Gernika conmemorando el 75º aniversario del bombardeo, López delegó la respuesta a su comisionado para la paz y la convivencia, Jesús Loza. Este ha estado trabajando en gestiones relacionadas con esta problemática desde antes de que se formalizara su cargo, colaborando en particular en la denominada vía Nanclares, donde ha tenido contacto directo con algunos de los presos en proceso de reinserción.
Loza calificó la iniciativa como “un paso positivo y un avance en la buena dirección”. Sin embargo, resaltó que un paso crucial para facilitar la reinserción de los presos sería la disolución de la banda. «Es un contrasentido que Batasuna cumpla la ley de Partidos para participar en las instituciones y, al mismo tiempo, impida a los presos seguir esa misma legalidad», advirtió, subrayando que esto les cierra el camino hacia una mejora en su situación. La clave, según Loza, es la “reinserción”, que deberá ser individual y respetar el marco legal vigente.
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, defendió en Bilbao que el plan es “constitucional” y recordó que siempre ha existido la opción de que un preso se distancie de su pasado y colabore con la Justicia. Insistió en que esto no debe interpretarse como un otorgamiento de impunidad a los presos ni como la liberación de los asesinos sin justicia.
Por su parte, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, comentó que el plan presenta una «arista» relacionada con la interpretación del perdón hacia las víctimas, sugiriendo que esta cuestión merece ser revisada, dado su carácter personal. Urkullu enfatizó la necesidad de avanzar en conjunto, reconociendo las circunstancias que afectan a todas las partes involucradas.
Desde el ámbito independentista, las reacciones no se hicieron esperar; la izquierda abertzale criticó en un comunicado el plan, acusando al Gobierno español del Partido Popular de ignorar las demandas de la sociedad vasca. “La sociedad vasca exige que se ponga fin a una política penitenciaria inhumana hacia los presos políticos vascos”, rezaba el texto.
El diputado general de Guipúzcoa, Martin Garitano, de Bildu, también expresó su escepticismo respecto a la efectividad del nuevo plan, señalando que no presenta avances significativos. En declaraciones a los medios, Garitano exigió la repatriación de todos los presos políticos vascos y la excarcelación de aquellos que han cumplido tres cuartas partes de sus condenas. Argumentó que “una sociedad normalizada políticamente no puede mantener a 700 presos políticos” y criticó la postura del Gobierno, que a su juicio, permanece «anclado en el inmovilismo».
Estos recientes acontecimientos en torno a la política penitenciaria destacan la complejidad del proceso de reconciliación en el País Vasco, donde se entrelazan diversas visiones y demandas sociales. El camino hacia una política más inclusiva y adaptada a la nueva realidad social sigue siendo un desafío que requerirá un diálogo constante y un enfoque que priorice la reinserción y el respeto a los derechos humanos.
