El Gobierno Vasco ha expresado su satisfacción ante el reciente anuncio del ministro del Interior, que ha sido recibido con optimismo por distintas fuentes del ejecutivo autonómico. Estas fuentes consideran que la iniciativa se alinea con las propuestas planteadas por el lehendakari Patxi López en el pleno de política general celebrado en septiembre, así como con su petición, reafirmada desde la declaración de cese de violencia por parte de ETA, de adoptar una política penitenciaria más flexible y adaptada a la nueva realidad.
El consejero de Interior, Rodolfo Ares, mantuvo conversaciones con el ministro por la mañana, asegurando la colaboración del Gobierno en la implementación del plan. El PSOE ha reiterado su apoyo a las políticas antiterroristas del Gobierno, tal como lo subrayó la vicesecretaria de organización del partido, Elena Valenciano.
En el contexto de los actos conmemorativos del 75º aniversario del bombardeo de Gernika, López delegó la reacción a su comisionado para la paz y la convivencia, Jesús Loza. Este ha llevado a cabo gestiones discretas sobre la cuestión con el ministerio, incluso antes de la formalización de su cargo. Loza ha colaborado en la vía Nanclares y mantiene contacto personal con algunos de los presos que están en proceso de reintegración.
Loza ha calificado la medida como «un paso positivo y un avance en la buena dirección». Además, subrayó que la disolución de la banda sería un avance significativo que beneficiaría a los internos. Resaltó el contrasentido de que Batasuna acate la legalidad para participar en las instituciones, mientras que no permite a los presos hacer lo mismo, lo que, según él, dificulta su reinserción. La clave de este proceso, según Loza, es que la reinserción debe ser individual y respetar la legalidad y el Estado de derecho. «Cada uno de los presos deberá integrarse a este programa de manera individual», afirmó.
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, apoyó la iniciativa, afirmando en Bilbao que el plan es «constitucional», ya que siempre ha existido la posibilidad de que un preso reconozca su pasado y colabore con la Justicia. Sin embargo, aseguró que esto no debe interpretarse como impunidad para los culpables.
Por su parte, el líder del PNV, Iñigo Urkullu, expresó su preocupación por «una arista» en la interpretación del perdón a las víctimas, sugiriendo que esta cuestión debería ser revisada en el plan, dado su carácter personal. «Debemos ayudar entre todos, siendo conscientes de las circunstancias que afectan a todas las partes», comentó Urkullu en declaraciones a la SER.
Desde la izquierda abertzale, el plan recibió críticas contundentes. En un comunicado, denunciaron que el Gobierno español, encabezado por el Partido Popular, ignora las demandas de la sociedad vasca para poner fin a la política penitenciaria que consideran injusta hacia los presos políticos. «La sociedad vasca exige que se ponga fin a una política inhumana de excepción», rezaba el comunicado.
El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, de Bildu, también cuestionó los avances del nuevo plan, reclamando la repatriación inmediata de todos los presos políticos vascos y la excarcelación de aquellos que han cumplido las tres cuartas partes de su condena, así como los enfermos. A su juicio, “una sociedad normalizada políticamente no puede sostener a 700 presos políticos”, denunciando el inmovilismo del Gobierno.
La situación actual refleja la complejidad del conflicto y la necesidad de un enfoque más humano y flexible. A medida que se desarrollen los acontecimientos, será crucial observar cómo evoluciona el diálogo entre las distintas fuerzas políticas y la sociedad civil en este delicado ámbito de la política penitenciaria.
