El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha calificado de «muy graves» las declaraciones realizadas por la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, en relación a la actuación de los cuerpos policiales en casos donde hay menores como víctimas o en situaciones donde estos son los supuestos autores de delitos. Esta crítica se produjo durante una rueda de prensa el miércoles.
Adán señaló la necesidad de un mayor rigor por parte de las fuerzas del orden en la investigación de casos de menores involucrados en situaciones de prostitución. También afirmó que, en algunos casos en las comisarías, se disuade a las familias de presentar denuncias contra niños menores de 14 años, argumentando que no son penalmente responsables.
Zupiria ha manifestado su preocupación, indicando que considera «muy grave» lo que expresó la fiscal y subrayó que es fundamental que en las reuniones que la Ertzaintza mantiene con la fiscal superior, se aborden todos los casos que se denunciaron en el Parlamento, «con todo el rigor que se debe esperar de una Fiscalía». Este intercambio de opiniones se produce en un contexto en el que Adán presentó la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2024.
El consejero hizo estas declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Parlamento Vasco, donde se aguardaban más debates sobre la eficacia y protocolos del sistema judicial en relación a los menores. La seguridad y protección de los menores es una cuestión que ha cobrado relevancia en el ámbito político y social, especialmente en el contexto de las recientes denuncias sobre la gestión de casos sensibles.
La fiscal superior ha enfatizado que el tratamiento de casos que involucran a menores requiere una atención especial y un enfoque más estricto. La preocupación por la forma en que se gestionan las denuncias y la atención a las víctimas más jóvenes se ha convertido en un tema candente en la agenda pública, donde diversas instituciones deben trabajar de forma conjunta para garantizar la protección de los menores.
El Gobierno Vasco deberá evaluar las recomendaciones planteadas por la fiscal, dado que la colaboración entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial es esencial para abordar la complejidad de estos casos. Además, es urgente establecer protocolos más claros que permitan a las víctimas sentirse seguras al presentar denuncias, lo que a su vez podría contribuir a una mejor resolución de los casos.
La efectividad del sistema judicial en la gestión de casos de menores es crucial no solo para la justicia, sino también para la confianza pública en las instituciones. La respuesta de los cuerpos policiales y la fiscalía ante estas críticas será objeto de seguimiento, ya que la sociedad espera que se tomen medidas concretas para mejorar la protección de los menores implicados en situaciones delictivas.
A medida que avanzan las discusiones sobre este tema, es evidente que se requieren esfuerzos coordinados para garantizar que los derechos de los menores sean priorizados y que los procedimientos judiciales se ajusten a las necesidades específicas de este grupo vulnerable. Los próximos pasos del Gobierno Vasco y la fiscalía se observarán con atención, ya que podrían definir el rumbo de las políticas de protección infantil en el País Vasco.
