El Gobierno Vasco ha recibido luz verde para gestionar los permisos de trabajo para personas extranjeras, después de la aprobación de un Real Decreto por parte del Consejo de Ministros el pasado martes. Esta nueva competencia entrará en vigor el próximo 1 de julio, permitiendo a la comunidad autónoma asumir funciones que anteriormente estaban en manos del Estado.
El acuerdo incluye la responsabilidad de tramitar autorizaciones laborales iniciales, tanto para trabajos por cuenta propia como ajena, así como permisos para actividades temporales. También se abarcan tareas relacionadas con la gestión colectiva de contrataciones en origen y la verificación de contratos laborales. Además, se incorporan funciones vinculadas a la formación necesaria para obtener el arraigo sociolaboral y socioformativo de los migrantes.
Aunque la gestión de las autorizaciones de trabajo se transfiere al País Vasco, la legislación en este ámbito seguirá siendo competencia estatal. Esto incluye aspectos como la interlocución internacional y la orientación de ofertas laborales hacia ciertos países, así como la relación con autoridades de origen.
Este traspaso se formaliza tras la aprobación en la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco, realizada el 6 de marzo, y su ratificación en la Comisión Mixta de Transferencias el 30 de mayo. Dentro de este marco, se trasladarán cuatro plazas vacantes de personal funcionario: dos en Vizcaya, una en Álava y otra en Gipuzkoa.
El Real Decreto también amplía funciones que fueron transferidas al País Vasco en 2011, especialmente en el ámbito de la Inspección de Trabajo. Esto implica que el Gobierno Vasco podrá supervisar el cumplimiento de la normativa relacionada con los permisos laborales para extranjeros, lo que representa un avance significativo en el control de este sector.
El coste total de estas nuevas funciones se estima en 129.629,14 euros, que se incluirán en el Cupo vasco, además de una transferencia única de 51.294,72 euros. En cuanto a las funciones inspectoras, el coste estatal anual asociado a la ampliación se calcula en 659.000,37 euros.
Según datos de Eustat, en Euskadi residen actualmente 217.489 personas de nacionalidad extranjera, lo que representa el 9,9% de la población total. De este colectivo, el 14,7% se encuentra en situación de desempleo, y más de 5.000 personas han recibido formación a través de Lanbide, aunque no han podido acceder al mercado laboral por la falta de documentación adecuada.
Este traspaso se inscribe en los acuerdos de investidura entre el Gobierno central y el Grupo Vasco, según ha comentado la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, quien ha reiterado que el objetivo seguirá siendo abordar esta cuestión durante la legislatura.
La transferencia de competencias a Euskadi sigue el ejemplo de Cataluña, que fue la primera comunidad autónoma en recibir competencias en materia de migración. El 4 de marzo, el PSOE y Junts registraron una propuesta de ley orgánica que contempla la cesión de autorizaciones de residencia y la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Con esta reciente aprobación, Euskadi se convierte en la segunda comunidad autónoma en asumir competencias en la gestión laboral de la población extranjera, lo que podría facilitar la integración de estos individuos en la sociedad vasca y optimizar los procesos relacionados con su acogida y asentamiento en la región.
