El Gobierno Vasco ha aprobado un nuevo decreto que regula las Ayudas de Emergencia Social (AES), una herramienta clave para la protección económica en Euskadi. Esta actualización tiene como finalidad adaptar la normativa de 2011 a las actuales circunstancias sociales y económicas, según ha comunicado el propio Ejecutivo a través de su portal oficial.
Las AES están diseñadas para prevenir y mitigar situaciones de exclusión social, ofreciendo apoyo a personas y familias que enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas como vivienda y suministros. En el presupuesto de 2025, se incluirán 41,5 millones de euros destinados a estas ayudas, consolidándose como una de las prestaciones más significativas dentro del sistema de protección social vasco.
Un aspecto relevante del nuevo decreto es la modificación en el modelo de financiación a los ayuntamientos, responsables de gestionar directamente estas ayudas. El Ejecutivo ha decidido retomar un sistema que permite realizar un abono inicial a los municipios al comienzo del año, que ascenderá a 31 millones de euros. Esto tiene como objetivo prevenir problemas de tesorería en las entidades locales y asegurar que las ayudas lleguen más rápidamente a quienes las necesitan.
Una vez que los ayuntamientos justifiquen el gasto realizado, se distribuirá el resto del crédito consignado, buscando equilibrar la financiación autonómica con la ejecución real de las ayudas en cada localidad. Este enfoque busca mejorar la eficiencia administrativa y garantizar que los fondos se asignen de acuerdo a las necesidades comprobadas.
Una de las modificaciones más significativas del decreto se refiere a las AES destinadas al pago del alquiler. El nuevo texto establece un límite que antes no estaba definido de forma explícita, permitiendo que se concedan ayudas solo a dos unidades convivenciales por vivienda. Esta restricción se aplica en situaciones donde más de dos familias comparten un mismo hogar, buscando armonizar las AES con la normativa de prestaciones económicas de vivienda.
Además, el decreto redefine la unidad convivencial para determinar quiénes pueden beneficiarse de estas ayudas. Se ha reducido el grado de parentesco considerado, limitándolo al segundo grado, lo que incluye a hijos, padres, hermanos y abuelos. Esta medida pretende clarificar las situaciones de convivencia que se pueden computar conjuntamente para acceder a la prestación.
El nuevo marco normativo también incorpora disposiciones específicas para aquellas personas que participan en programas impulsados por administraciones públicas. Por ejemplo, se menciona el programa Trapezistak, que está orientado a la inclusión de jóvenes sin referentes familiares. Este ajuste permitirá que estos individuos accedan a protección social, acorde a su situación particular, ampliando así la cobertura del sistema de protección social en Euskadi.
Las Ayudas de Emergencia Social son parte de un sistema de garantía de ingresos en la comunidad autónoma y tienen como propósito cubrir gastos extraordinarios o necesidades básicas que no son atendidas por otras ayudas. Con los 41,5 millones de euros asignados para 2025, se refuerza el papel de las AES en la política social del País Vasco. La combinación de financiación anticipada y control posterior del gasto busca mejorar la estabilidad del sistema.
El nuevo decreto que ha introducido el Gobierno Vasco representa un cambio significativo en la gestión de las Ayudas de Emergencia Social, ya que establece límites concretos en las ayudas al alquiler y ajusta los criterios de convivencia. Esta reforma es un punto de inflexión que impactará a miles de hogares en Euskadi y que podría redefinir la forma en que se aborda la exclusión social en la región.
