El Parlamento Vasco avanza hacia la creación de una Ley de Transparencia que podría situar a Euskadi entre las comunidades autónomas más avanzadas en esta materia. Este miércoles, se llegó a un acuerdo sobre la redacción final del texto, el cual incorpora 30 enmiendas propuestas por la oposición, incluyendo a EH Bildu, PP y Sumar, al proyecto inicial de los partidos en el gobierno, PNV y PSE. El objetivo es aprobar la norma en comisión el próximo 22 de abril, aunque no ha satisfecho a todos los grupos parlamentarios.
El texto ha sido objeto de críticas, especialmente por parte de EH Bildu, que ha anunciado su intención de votar en contra debido a lo que consideran «carencias evidentes» y la falta de interés de los partidos en el gobierno para mejorar la regulación. A pesar de ello, se espera que la ley salga adelante gracias a la mayoría absoluta que PNV y PSE ostentan en la Cámara de Vitoria.
Desde el Gobierno Vasco, se confía en que esta ley se apruebe antes del parón estival de la actividad parlamentaria. La tramitación de esta normativa ha sido compleja, ya que durante las tres legislaturas anteriores del lehendakari Iñigo Urkullu no se logró avanzar en su aprobación. Desde 2012 se ha trabajado en la elaboración de este proyecto, en un contexto donde Euskadi es la única comunidad autónoma sin una ley de transparencia propia, dependiendo hasta ahora de la legislación estatal.
El PNV y el PSE han destacado el acuerdo con Sumar sobre la presidencia de la Agencia de Transparencia-Gardena, que recaerá en el Parlamento Vasco, lo que se considera un refuerzo de los mecanismos de control democrático. Es fundamental que la persona elegida obtenga tres quintos de los votos de la Cámara, lo que, según los socialistas, contribuirá a una administración más responsable y accesible.
Sin embargo, la postura de EH Bildu resalta que el texto no satisface sus expectativas, ya que han criticado que se han desestimado muchas de sus enmiendas, apuntando que 107 de las 127 propuestas no fueron aceptadas. Esta situación ha llevado a la coalición abertzale a señalar que PNV y PSE no tienen un verdadero interés en la transparencia efectiva de las políticas públicas.
La nueva legislación incluirá un régimen sancionador riguroso que establecerá multas que oscilan desde 200 euros en casos menores hasta sanciones que podrían llegar a 400.000 euros para empresas involucradas en irregularidades. Se prevé que esta ley impacte a todo el sector público vasco, excepto a las diputaciones, y abarcará desde el Gobierno Vasco hasta las sociedades públicas.
Los socialistas vascos, por su parte, han subrayado la importancia de esta norma que busca promover una administración más abierta. El parlamentario Pau Blasi ha resaltado la necesidad de generar un empoderamiento ciudadano mediante la participación activa en los procesos de gobernanza.
A pesar de las críticas, el Gobierno Vasco sostiene que esta Ley de Transparencia representará un avance significativo en la rendición de cuentas y el acceso a la información. Los partidos del gobierno creen que el texto, aunque no sea perfecto, es un paso crucial hacia una mayor transparencia en la administración pública.
La situación actual refleja un contexto donde la presión por parte de la ciudadanía y diversas organizaciones para contar con un marco normativo más robusto en cuanto a transparencia y buen gobierno está en aumento. La aprobación de esta ley no solo marcaría un hito en la política vasca, sino que también podría influir en el desarrollo de políticas públicas más responsables y accesibles para la ciudadanía.
