El Gobierno Vasco ha aprobado un nuevo decreto que redefine las Ayudas de Emergencia Social (AES), un programa esencial para las comunidades más vulnerables. Esta decisión, anunciada por la consejera Nerea Melgosa durante una rueda de prensa llevada a cabo en Vitoria, busca adaptarse a las necesidades actuales de la población vasca, asegurando así que los municipios puedan comenzar a otorgar estas ayudas desde el inicio del año.
Las AES son ayudas económicas no periódicas destinadas a individuos cuya situación financiera les impide cubrir gastos esenciales para evitar la exclusión social. Según Melgosa, este decreto revisa la normativa de 2011 para ajustarse a la realidad económica y social que enfrenta Euskadi en la actualidad. La consejera destacó que la reformulación de estas ayudas se ha realizado en colaboración con un equipo técnico de Eudel y diversos expertos en servicios sociales.
Una de las principales modificaciones incluye la limitación a un máximo de dos unidades convivenciales por vivienda al momento de solicitar ayudas para alquiler. Esta medida responde a un enfoque más específico en la regulación de la prestación económica relacionada con la vivienda, estableciendo una unidad de convivencia como un grupo familiar, siempre que no existan lazos de parentesco. En el caso de que sí existan, se podría considerar solo una unidad de convivencia para el subsidio correspondiente.
Los beneficiarios deben ser mayores de 18 años y contar con al menos seis meses de empadronamiento en el municipio donde solicitan la ayuda. Los tipos de gastos cubiertos por estas ayudas incluyen alquiler, energía, alimentación, deudas y compra de mobiliario o electrodomésticos, así como reparaciones necesarias en el hogar.
Novedades en la financiación
Respecto a la financiación de las AES, el nuevo decreto restablece el sistema anterior a la aprobación de la Ley de la RGI, permitiendo que el Gobierno Vasco realice pagos a los ayuntamientos en dos momentos del año. Inicialmente, se otorgará una cantidad importante a los municipios para facilitar la atención a las personas más vulnerables, y posteriormente se procederá a un ajuste en base a las justificaciones de gasto presentadas por cada ayuntamiento.
El total destinado para las ayudas en 2026 se estima en 41.500.000 euros, con una orden de reparto de 37 millones de euros ya en tramitación para su distribución entre los ayuntamientos, asegurando así la rápida disponibilidad de fondos para estas ayudas. Los municipios tendrán hasta el 28 de febrero de 2026 para justificar las ayudas concedidas durante el año anterior, momento en el cual se repartirá el remanente de 4,5 millones de euros entre aquellos que hayan contribuido con sus propios presupuestos.
El decreto también plantea una reducción en el grado de consanguinidad y afinidad para la definición de la unidad de convivencia, ajustando este criterio al segundo grado de consanguinidad, lo que incluye a padres, hijos y hermanos. Este cambio busca reflejar la realidad social de las familias vascas en la actualidad.
Además, la normativa garantiza la protección social de quienes participen en programas apoyados por el Gobierno Vasco, como el programa Trapezistak, que trabaja para la integración social y laboral de jóvenes sin referentes familiares. Las modificaciones propuestas también se extienden a otros colectivos, como personas con discapacidad o en situación de enfermedad mental, contribuyendo a su inclusión y apoyo en la vida independiente.
Con este nuevo enfoque, el Gobierno Vasco busca no solo atender las necesidades básicas de la población vulnerable, sino también mejorar la gestión administrativa para evitar la burocracia excesiva. Se establecerán medidas que permitan a los ciudadanos no tener que aportar documentos ya en poder de la administración, facilitando así el acceso a estas ayudas tan necesarias en momentos de crisis económica.
Las nuevas disposiciones son parte de un esfuerzo continuo del ejecutivo vasco para responder a la realidad social y económica de Euskadi, haciendo hincapié en la importancia de la solidaridad y el apoyo a aquellos que peor lo están pasando. La implementación de estas medidas será un paso crucial para garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan, asegurando que nadie quede atrás en el contexto actual.
