El Gobierno Vasco ha aprobado recientemente una Orden que regula la concesión y pago de ayudas económicas destinadas a mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Esta normativa, que fue adoptada en una reunión del Consejo de Gobierno, se enmarca en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 y tiene como finalidad facilitar la independización del agresor y la creación de un proyecto de vida autónomo para las afectadas, mediante una prestación económica de un solo pago.
El objetivo principal de estas ayudas es contribuir a cubrir los gastos derivados de la situación de violencia, que incluyen cambios de vivienda, fianzas de alquiler y deudas asociadas al proceso de separación del entorno de maltrato. El Ejecutivo autonómico ha resaltado la importancia de esta prestación para reducir la vulnerabilidad económica que enfrentan muchas mujeres al poner fin a su relación con el agresor.
En este contexto, el Gobierno vasco ha presentado datos de las encuestas sobre violencia machista contra las mujeres en Euskadi. Según una encuesta sobre acoso realizada a una muestra representativa de 4.500 mujeres de entre 16 y 85 años, el 57 % de las participantes afirmó haber sufrido acoso sexual y/o acoso reiterado en algún momento de su vida. Desde el Ejecutivo se ha reiterado la condena firme de cualquier forma de violencia machista y su compromiso con la prevención y atención a las víctimas.
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha subrayado la importancia de dar el paso y pedir ayuda. En sus declaraciones, ha indicado que “denunciar y hablar permite activar la protección y los apoyos” disponibles para las víctimas. Además, ha señalado que existen recursos especializados que acompañan a las mujeres desde el primer momento tras la denuncia.
En cuanto a los datos de solicitudes y concesiones de esta ayuda, se ha observado un volumen relevante en los últimos años. En 2022, se tramitaron 459 solicitudes, de las cuales se concedieron 255, con un desembolso total de 1,59 millones de euros. Para 2023, las solicitudes aumentaron a 667, resultando en 385 concesiones y un gasto de 2,34 millones de euros. En 2024, se registraron 609 solicitudes, con 364 concesiones y un desembolso de 2,25 millones de euros.
Para el año 2025, los datos provisionalmente indican que se han concedido 267 ayudas con un total de 1,6 millones de euros ya destinados. Asimismo, se prevé un incremento presupuestario de 681.680 euros para cubrir las concesiones hasta final de año. En total, se espera que entre 2022 y 2024 se destinen 6,19 millones de euros, cifra que podría alcanzar los 8,48 millones de euros con la proyección para 2025.
Sin embargo, se han presentado motivos de denegación que están relacionados con el incumplimiento de requisitos, como no acreditar la condición de víctima según lo estipulado, superar el umbral económico establecido o la incompatibilidad con otras prestaciones. Desde la implementación de esta ayuda, se ha observado un crecimiento sostenido, pasando de 35 concesiones en 2009 a 365 en 2024, multiplicándose por más de diez.
Por otro lado, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha implementado una ayuda económica específica para los hijos e hijas de víctimas mortales de violencia machista. Esta ayuda está destinada a menores que eran dependientes al momento del fallecimiento de la madre, y puede solicitarse hasta los 21 años, siempre que se acredite la residencia efectiva en Euskadi. Desde la aprobación de la norma, se han concedido seis ayudas por un total de 94.560 euros, y hay solicitudes en proceso.
Finalmente, el Gobierno vasco ha anunciado un refuerzo específico en la atención a mujeres mayores, un colectivo que a menudo enfrenta mayores barreras para identificar o solicitar ayuda. Aunque la incidencia de ciertas formas de acoso tiende a disminuir con el aumento de la edad —situándose en torno al 39,9 % en el grupo de 65 a 85 años—, se advierte que la violencia machista también afecta a este segmento y puede permanecer oculta durante años. Las medidas previstas incluyen el fortalecimiento de la detección desde el ámbito sociosanitario, la formación de profesionales y la mejora de la accesibilidad a la información y a los recursos de acompañamiento.
