La lucha por una ley de transparencia en Euskadi ha sido prolongada y compleja. Tras tres intentos fallidos, el Gobierno Vasco se prepara para presentar un nuevo anteproyecto al Parlamento, un paso que podría marcar un antes y un después en la regulación de la transparencia administrativa en la comunidad. A pesar de que Euskadi es conocida por implementar medidas innovadoras en otros ámbitos, su legislación sobre transparencia le ha hecho quedar rezagada en comparación con el resto de España, siendo la única comunidad autónoma sin una ley específica, junto a Ceuta y Melilla.
El nuevo anteproyecto se aprobó el pasado martes y está diseñado para ser discutido en el Parlamento. La consejera María Ubarretxena ha expresado su confianza en que esta vez se logrará avanzar adecuadamente, asegurando que «tenemos tiempo suficiente durante esta legislatura para poder aprobar esta ley». Esta afirmación se basa en que los partidos que sostienen al Gobierno, el PNV y el PSE-EE, cuentan con mayoría absoluta en la cámara.
En legislaturas anteriores, a pesar de contar con una mayoría similar, los intentos por aprobar una ley de transparencia se encontraron con obstáculos significativos. En la última legislatura de Iñigo Urkullu, el anteproyecto fue presentado demasiado tarde y no pudo ser debatido antes de la convocatoria de elecciones, lo que llevó a que la propuesta quedara archivada entre críticas de la oposición. En 2015, el PNV retiró la ley a última hora debido a la falta de apoyos, y en la siguiente legislatura, aunque se avanzó en su tramitación, el adelanto electoral volvió a truncar el proceso.
Este nuevo intento llega en un contexto donde la presión por mejorar la transparencia y combatir la corrupción es cada vez mayor. Durante estos años, PNV y PSE han rechazado varias iniciativas de la oposición que buscaban potenciar la transparencia, incluida una propuesta de Podemos para proteger a los denunciantes de irregularidades en la administración. La necesidad de un cambio se hace evidente, ya que la falta de una ley específica ha dejado a Euskadi en una situación comprometida respecto a las normativas de transparencia en otras comunidades autónomas.
El anteproyecto busca profundizar en la transparencia mediante la creación de la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena, un órgano que garantizará que las administraciones cumplan con sus obligaciones de publicidad activa y derecho al acceso a la información. Se espera que esta ley también se aplique a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y cualquier entidad privada que reciba ayudas públicas superiores a 100.000 euros. Sin embargo, las diputaciones forales quedan excluidas, ya que cuentan con sus propias normativas.
Además, el anteproyecto introduce un sistema de protección para aquellos que informen sobre irregularidades, siguiendo las directrices europeas implementadas en la legislación española en 2023. Este sistema busca crear un entorno más seguro para los denunciantes, disipando temores a represalias. También se contempla la creación de un registro accesible para los ciudadanos sobre grupos de presión o lobbies que intenten influir en decisiones políticas.
Un aspecto relevante del anteproyecto es el régimen sancionador que se contempla, donde se prevén multas de hasta 12.000 euros para altos cargos de la administración, mientras que las empresas podrían enfrentar sanciones de hasta 400.000 euros en los casos más graves. Esta medida busca asegurar el cumplimiento de la ley y dotar de herramientas efectivas para la supervisión de la transparencia.
A pesar de la ausencia de una ley específica hasta ahora, el Gobierno Vasco ha afirmado que ha estado trabajando en mecanismos que facilitan el acceso a la información pública. Mencionan varios portales que permiten a los ciudadanos consultar información, pero la falta de una normativa clara ha limitado su efectividad. La consejera Ubarretxena ha defendido que la nueva propuesta tiene una base sólida y que está abierta a enriquecerse con las aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios.
De cara a 2025, el desafío sigue siendo grande, pero esta nueva oportunidad puede ser la clave para que Euskadi deje de ser la excepción en el ámbito de la transparencia en España. La aprobación de esta ley no solo mejoraría la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, sino que también consolidaría a Euskadi como un referente en términos de buena gobernanza y responsabilidad democrática.
