El Gobierno Vasco ha expresado su aprobación ante el anuncio realizado por el ministro del Interior, considerando que la iniciativa se alinea con las propuestas del lehendakari, Patxi López. Este último había defendido en el pleno de política general de septiembre la necesidad de desarrollar una política penitenciaria más flexible, un tema que ha resurgido desde que ETA cesó su actividad violenta. Las fuentes consultadas por el Ejecutivo autónomo han manifestado que esta medida es pertinente y que se ajusta a la nueva realidad que enfrenta el país.
El consejero de Interior, Rodolfo Ares, mantuvo contacto con el ministro durante la mañana, confirmando que el Gobierno colaborará activamente en la implementación del plan. Por su parte, el PSOE ha reiterado su apoyo a las iniciativas del Gobierno en temas de seguridad y lucha antiterrorista. La vicesecretaria de organización del PSOE, Elena Valenciano, también se alineó con esta postura, indicando la voluntad del partido de respaldar las decisiones del Ejecutivo.
El lehendakari, quien participó en Gernika en los actos conmemorativos del bombardeo que ocurrió hace 75 años, ha delegado su respuesta en su comisionado para la paz y la convivencia, Jesús Loza. Este ha estado trabajando en el tema incluso antes de que existiera oficialmente su cargo, llevando a cabo gestiones discretas con el ministerio. Loza ha estado involucrado en la vía Nanclares, colaborando estrechamente con el Gobierno de Zapatero y conociendo en persona a varios de los reclusos que están en proceso de reinserción.
En sus declaraciones, Loza destacó que este nuevo enfoque es “un paso positivo y un avance en la buena dirección”. Sin embargo, también subrayó que la disolución de la banda sería un factor clave que beneficiaría a los presos. “Es contradictorio que Batasuna acepte la legalidad para participar en las instituciones, mientras que impide a los presos hacer lo mismo”, advirtió, añadiendo que esto limita su acceso a un proceso de reinserción que podría mejorar su situación en el futuro. La reinserción, según Loza, debe ser individual y cumplir con los principios del Estado de derecho.
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, consideró que el plan propuesto es “constitucional” y que siempre ha existido la posibilidad de que un recluso se arrepienta y colabore con la justicia. Además, enfatizó que esto no implicaría una “impunidad” para los presos ni que los responsables de crímenes salgan libremente a la calle.
Por otro lado, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha identificado una preocupación relacionada con la interpretación del perdón hacia las víctimas, sugiriendo que podría ser un aspecto a revisar en el plan. Urkullu destacó la importancia de establecer un proceso colaborativo que tenga en cuenta las distintas circunstancias de todas las partes involucradas, afirmando: “Debemos ayudar entre todos, siendo conscientes de las circunstancias”.
Las reacciones no se hicieron esperar, y la izquierda abertzale criticó abiertamente la propuesta del Gobierno central. En un comunicado, la formación afirmó que el Partido Popular ignora las demandas de la sociedad vasca respecto a una política penitenciaria más humana y coherente. “La sociedad vasca exige que se detenga la aplicación de una política inhumana de excepción a los presos políticos vascos”, añadieron.
El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, de Bildu, también expresó su escepticismo acerca del nuevo plan, señalando que no ve “avances sustanciales”. En sus declaraciones en Gernika, Garitano demandó la repatriación inmediata de todos los presos políticos vascos y la excarcelación de aquellos que ya han cumplido las tres cuartas partes de sus condenas y de los que padecen enfermedades graves. A su juicio, “una sociedad normalizada no puede mantener a 700 presos políticos”, acusando al Gobierno de permanecer en una postura inmovilista.
Este debate se enmarca en un contexto complejo en Euskadi, donde las políticas de reinserción y la reconciliación continúan siendo temas de intensa discusión. A medida que las instituciones trabajan para adaptarse a la nueva realidad, las voces de la sociedad civil y los partidos políticos seguirán influyendo en el desarrollo de estas políticas.
