El Gobierno Vasco está trabajando en un nuevo decreto que tiene como objetivo «reforzar jurídicamente las competencias» en relación con los procesos de selección de secretaría, intervención y tesorería de los ayuntamientos. La iniciativa busca establecer «un sistema estable, claro y adaptado a la realidad institucional», con el fin de «clarificar y reforzar las responsabilidades» de las instituciones vascas en la gestión de estos procesos. La consejera María Ubarretxena, en compañía de las diputaciones forales y de la asociación Eudel, expuso el lunes las dificultades que enfrentan debido a «la judicialización constante» que obstaculiza la estabilización de dichos puestos, así como la convocatoria de plazas y las bolsas temporales.
Ubarretxena indicó que el propósito de este decreto es dotar de «más capacidad jurídica» a Euskadi para evitar «interpretaciones judiciales» que han generado problemas desde 2008. «La competencia es nuestra, pero el problema radica en la interpretación que se hace de la ley. Por ello, esperamos que este decreto se active cuanto antes, ya que necesitamos mayor seguridad jurídica que impida interpretaciones extensivas», señaló la consejera.
La situación ha sido provocada por la presentación de «recursos sistemáticos» que impiden avanzar en la cobertura de estos puestos esenciales. Según Ubarretxena, es «inaudito» que, a pesar de contar con un marco jurídico sólido —incluyendo la disposición adicional primera de la Constitución Española y el Estatuto de Gernika—, se esté limitando la capacidad de las instituciones vascas para gestionar estas vacantes.
La consejera también subrayó que «no es un problema de leyes», sino de «una interpretación restrictiva y de impugnaciones sistemáticas» que colocan a la administración en una situación de vulnerabilidad. Además del futuro decreto, el Gobierno Vasco está elaborando nuevas bases para la creación de bolsas temporales de trabajo, con «mayores garantías jurídicas», y prevé publicar la correspondiente orden en los próximos días. La meta es celebrar el examen antes del verano y poner la bolsa a disposición de los ayuntamientos a partir de septiembre.
Actualmente, Euskadi cuenta con unos 400 puestos reservados para secretarios, interventores y tesoreros, de los cuales solo 119 están ocupados por funcionarios de carrera, es decir, menos del 30%. Estos puestos son fundamentales, ya que los secretarios aseguran que las decisiones municipales cumplan con la legalidad, los interventores controlan el uso del dinero público y los tesoreros garantizan la liquidez de las instituciones.
Esther Apraiz, presidenta de Eudel, destacó que más de dos tercios de las plazas reservadas en los ayuntamientos para el personal funcionario en secretaría, intervención y tesorería carecen de «estabilidad estructural». «Esto tiene consecuencias directas, ya que la falta de cobertura estable en estos puestos retrasa expedientes, contrataciones y pagos, afectando el funcionamiento ordinario del ayuntamiento y, en última instancia, a los ciudadanos», argumentó Apraiz.
La situación es especialmente crítica en los pequeños municipios, que representan el 80% de la administración local. En estos casos, una sola persona, el secretario interventor, asume funciones clave para garantizar la legalidad, lo que resulta «bastante ilógico y preocupante» para los alcaldes. Ubarretxena y las diputaciones forales han enfatizado la necesidad de un «respeto al marco competencial» en la gestión del personal que garantiza el buen funcionamiento de los ayuntamientos.
En este sentido, la diputada de Gobernanza de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, aseguró que hay un compromiso de los tres niveles institucionales de Euskadi para ofrecer una «respuesta estructural» a este problema. «Los parcheos diarios no son suficientes para garantizar que los ayuntamientos operen de manera efectiva», concluyó Berasaluze.
