La reciente decisión del Gobierno Vasco, liderado por el lehendakari Imanol Pradales, ha sido objeto de una evaluación crítica por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). En particular, el tribunal ha solicitado al Tribunal Constitucional que analice el artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público, que se refiere a los perfiles lingüísticos necesarios para asegurar una atención bilingüe en la administración pública. Esta situación ha generado una fuerte preocupación entre las autoridades vascas, que consideran que la medida pone en peligro un sistema de normalización del euskera que se ha desarrollado durante más de cuatro décadas.
La controversia se ha intensificado tras los recursos presentados por el PP y Vox contra el decreto 19/2024, el cual regula el uso del euskera en la administración pública. Estas quejas han servido de base para que el TSJPV cuestione la validez de la exigencia de perfiles lingüísticos. Según el gabinete del Gobierno Vasco, es esencial aclarar que la obligación de contar con un perfil lingüístico en todos los puestos no significa que dicha exigencia sea automática, sino que se aplicará a partir de una fecha de preceptividad aún por determinar.
A pesar de las explicaciones del Ejecutivo, el TSJPV ha emitido un auto en el que se afirma que asignar un perfil lingüístico “no es inocuo”, insinuando que la administración tiene la intención de activarlo en un futuro cercano. El tribunal sostiene que contar con perfiles lingüísticos en todos los puestos podría actuar como un “elemento objetivamente disuasorio” para aquellos aspirantes que son hispanohablantes, lo que complica aún más la lucha por un sector público verdaderamente bilingüe.
El Gobierno Vasco ha defendido la legalidad vigente y el derecho de la ciudadanía a un sector público que garantice el uso del euskera. A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades han decidido no ofrecer más valoraciones hasta que se produzcan novedades significativas sobre este contencioso. La vicelehendakari Ibone Bengoetxea, responsable del departamento de Cultura y Política Lingüística, ha calificado la situación de “muy grave” y reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos lingüísticos.
En este contexto, el TSJPV también ha señalado que la exigencia de perfiles lingüísticos no se ha abordado de manera específica por el Tribunal Constitucional hasta la fecha. Citan el artículo 23 de la Constitución española, que establece que, para preservar la proporcionalidad, no se podrá exigir el conocimiento de la lengua cooficial para todos los puestos de la administración pública. Esto abre un nuevo debate sobre las implicaciones legales de las normativas lingüísticas en Euskadi.
El auto del TSJPV incluye un voto particular de uno de los magistrados, quien sostiene que la ley vasca “no ocasiona desequilibrio alguno respecto al castellano”, argumentando que esta normativa ha estado en vigor durante muchos años y fue validada previamente por el Tribunal Constitucional en relación con la legislación catalana, que es más exigente en cuanto al conocimiento de lenguas cooficiales.
Desde las filas de EH Bildu, el representante Josu Aztiria ha convocado a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa de Kontseilua, que se celebrará el sábado en Bilbao. Aztiria ha instado a transformar esta ofensiva judicial en un movimiento social en apoyo del euskera, abogando por una “nueva política lingüística” y un estatus jurídico-político que la respalde.
La situación actual destaca la complejidad de la política lingüística en Euskadi y la necesidad de un diálogo constructivo entre las diferentes fuerzas políticas. La defensa de los derechos lingüísticos y la promoción del euskera son temas que continúan generando debate y controversia en la sociedad vasca. La evolución de este caso será crucial no solo para el futuro del euskera en la administración pública, sino también para la convivencia de las lenguas en una comunidad que ha apostado por la diversidad cultural durante años.
