El Gobierno Vasco ha logrado un acuerdo significativo para la transferencia de cinco nuevas competencias al Ejecutivo de Euskadi. Entre las responsabilidades que se traspasarán se incluyen las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, las prestaciones por desempleo, el seguro escolar, los servicios de Salvamento Marítimo y la gestión de un centro de verificación de maquinaria ubicado en Barakaldo. Este pacto se produce justo un día antes de la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, que había estado marcada por la incertidumbre debido a las discrepancias entre el Gobierno central y el autonómico.
La firma de este acuerdo, confirmada por la consejera María Ubarretxena en una rueda de prensa en Vitoria, permite desbloquear la mencionada Comisión Mixta, tras múltiples conversaciones entre el lehendakari Imanol Pradales, miembros de su gabinete y ministros de la Administración central, incluyendo al propio Pedro Sánchez. Uno de los principales puntos de fricción que se han resuelto ha sido la financiación de estas competencias, que se gestionarán a través del sistema del Cupo, referente al Concierto Económico.
Ubarretxena reiteró que se respetará lo acordado en julio en la comisión de cooperación entre los dos gobiernos. Esta decisión responde a las solicitudes recientes del Gobierno vasco, que había denunciado incumplimientos en términos de financiación y en la transferencia de competencias relacionadas con la Seguridad Social. Las discrepancias previamente existentes llevaron a que la Comisión Mixta, donde se iban a formalizar estos traspasos, se pospusiera el 29 de diciembre con la intención de permitir un acuerdo más sólido.
En las últimas semanas, la tensión política ha aumentado entre el PNV y el PSE, socios en el Gobierno de coalición, con críticas mutuas y advertencias sobre las relaciones futuras si no se cumplían los acuerdos establecidos. Aitor Esteban, presidente del PNV, advirtió que la falta de cumplimiento en lo pactado podría cambiar la dinámica entre ambos partidos. A su vez, Eneko Andueza, secretario general del PSE, destacó que «la confianza se quebraría» en caso de no avanzar conforme a lo acordado.
Con la firma del pacto, se ha logrado disminuir el tono de las críticas. Ubarretxena agradeció a sus socios socialistas por su colaboración en este proceso, pero también llamó a que el Gobierno central aborde con «seriedad» las negociaciones sobre las competencias que aún quedan por transferir. En este contexto, la portavoz subrayó que trabajar «a contrarreloj» no es la forma más eficaz de avanzar en la materia.
Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es el traspaso de la gestión de las prestaciones de desempleo, que está estimado en un total de 822 millones de euros anuales. Esta transferencia incluirá la gestión de 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y alrededor de 534 trabajadores que pasarán a depender del Gobierno Vasco, aunque el Estado mantendrá la capacidad normativa sobre este ámbito.
Además, se ha establecido un compromiso entre el PNV y el PSOE para que, en 2025, se complete la implementación del Estatuto de Gernika, lo que incluye la transferencia de competencias que aún están pendientes. Este acuerdo forma parte de los compromisos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez y se enmarca dentro del pacto programático que sostiene el Gobierno de coalición en Euskadi.
Este acuerdo no solo representa un avance significativo en la autonomía del Gobierno Vasco, sino que también evidencia la complejidad de la relación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. A medida que se avanza hacia la ejecución de este acuerdo, el seguimiento de su implementación y el cumplimiento de los compromisos mutuos serán fundamentales para mantener la estabilidad política y administrativa en Euskadi.
