El Gobierno Vasco ha declarado que la responsabilidad del proceso de regularización de migrantes recae exclusivamente en el Estado, sin que se requiera la participación operativa de las comunidades autónomas. Este anuncio llega en respuesta a las recientes informaciones sobre una regularización extraordinaria de personas extranjeras, que fue anunciada por el Gobierno de España.
En un comunicado emitido el 1 de abril, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Democrático subrayó que las competencias en materia de extranjería y migración pertenecen al Estado, conforme a lo establecido en el artículo 149.1.2 de la Constitución y al Reglamento de Extranjería vigente. Se aclara que, aunque desde el 27 de enero se comenzó a hablar de este proceso, la consejera María Ubarretxena enfatiza que el Gobierno Vasco no tiene la autoridad para activar la regularización.
Desde que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció el inicio de los trámites, el Gobierno Vasco ha actuado con responsabilidad y ha mostrado su disposición a colaborar. Sin embargo, se ha dejado claro que la regularización extraordinaria es un proceso que debe ser gestionado íntegramente por el Estado. Según la comunicación oficial, se espera que las solicitudes puedan comenzar «a principios de abril» o en un plazo de dos meses, una vez que se completen los trámites necesarios.
Ante la falta de una normativa definitiva, el Gobierno Vasco lanzó una campaña informativa provisional para ofrecer a la ciudadanía una guía comprensible sobre el borrador estatal, enfatizando su carácter no definitivo. El objetivo de esta iniciativa fue evitar desinformaciones y falsas expectativas en la población, además de proporcionar un acompañamiento riguroso desde el principio del proceso.
Además, el Departamento llevó a cabo un análisis técnico del borrador y presentó alegaciones y propuestas con el fin de mejorar la seguridad jurídica del proceso y facilitar su aplicación. Esta acción se realiza dentro de un marco de lealtad institucional y colaboración con la Administración General del Estado.
El 16 de febrero, se llevó a cabo una reunión entre el Gobierno Vasco y el Ministerio, donde se reiteró la idea de que la regularización sería un proceso estatal. El Gobierno Vasco ha insistido en que su papel es informar de manera veraz cuando exista una normativa estatal definitiva y analizar su impacto, evitando especulaciones o anuncios prematuros.
Es fundamental distinguir entre este proceso extraordinario y otras competencias que ya han sido transferidas a Euskadi. Desde julio de 2025, la comunidad autónoma tiene funciones en la gestión de autorizaciones iniciales de trabajo para personas extranjeras, pero la legislación y la tramitación de autorizaciones no transferidas siguen siendo competencia del Estado.
Por tanto, el Gobierno Vasco manifiesta que, aunque ha trabajado con corresponsabilidad y anticipación, la decisión y gestión del proceso de regularización extraordinaria son competencias exclusivas del Estado español. La consejería ha reafirmado su compromiso de seguir proporcionando información fidedigna cuando haya un real decreto definitivo, actuando con la máxima seriedad y responsabilidad pública.
