El Gobierno Vasco ha decidido que, en la nómina de este mes de enero, se abonará a los trabajadores de la Administración General de Euskadi el incremento salarial del 2,5% que estaba pendiente, correspondiente al ejercicio 2025. Esta decisión fue ratificada el pasado martes en una reunión del Consejo de Gobierno Vasco, donde se aprobó el pago de los atrasos siguiendo el mismo porcentaje que se ha establecido para la administración del Estado.
La consejera María Ubarretxena, portavoz del Ejecutivo, también ha anunciado que en la nómina de febrero se ajustará el incremento retributivo del 1,5% que ha sido aprobado para el año 2026. Este ajuste forma parte de un esfuerzo por mantener la equidad en las retribuciones del personal público, garantizando así un trato justo a los trabajadores del sector público.
Otra de las iniciativas aprobadas en esta reunión es el nuevo contrato-programa de Lanbide para el periodo 2026-2029. Este acuerdo tiene como objetivo principal garantizar la financiación y planificar las actividades del servicio, enfocándose en reforzar el empleo y la inclusión en el mercado laboral. A través de este programa, el Ejecutivo vasco busca consolidar el papel de Lanbide como un agente fundamental para las empresas, promoviendo un modelo más personalizado de intermediación y apoyando la formación y el emprendimiento.
Para el ejercicio 2026, el presupuesto asignado a Lanbide supera los 1.200 millones de euros. Esta financiación permitirá al Servicio Público de Empleo implementar la nueva Ley Vasca de Empleo, mejorando los servicios de orientación y formación, y gestionando de manera eficiente las prestaciones económicas. Además, se buscará favorecer la empleabilidad y la inclusión de las personas más vulnerables. La supervisión del cumplimiento de este contrato-programa será responsabilidad de una comisión paritaria entre el Gobierno Vasco y Lanbide, que evaluará anualmente los objetivos planteados.
En otro ámbito, el Ejecutivo vasco ha confirmado su cumplimiento con la senda financiera de programas de fondos europeos para el periodo 2021-2027. Según la información proporcionada por el Departamento de Hacienda y Finanzas, este hito alcanzado en el primer ejercicio de aplicación de la estricta regla N+3 pone de manifiesto “una gestión eficiente y ágil de los fondos comunitarios”. Esta regla obliga a las regiones y Estados miembros a certificar ante la Comisión Europea el gasto comprometido en un plazo de tres años desde su asignación, para evitar perder dicha financiación.
El Gobierno Vasco ha destacado que superar el objetivo de esta regla “con holgura no solo asegura los recursos, sino que refleja la solidez de la Administración vasca en la ejecución de proyectos estratégicos”. La gestión de estos fondos se lleva a cabo a través de dos programas principales. Uno de ellos es el Programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 del País Vasco, que prevé actuaciones por más de 197 millones de euros, con una aportación europea de 79 millones. Hasta el momento, se ha certificado un gasto de 49,5 millones de euros, cumpliendo así con la norma N+3, que establecía que para diciembre de 2025 debían haber sido certificados al menos 33,75 millones de euros.
Estas decisiones reflejan el compromiso del Gobierno Vasco por mejorar la situación laboral y económica en la comunidad autónoma, priorizando la inclusión y el desarrollo sostenible, en un contexto donde la gestión eficiente de los recursos se convierte en un factor clave para el progreso social y económico. A medida que avanza el año, se espera que estas medidas contribuyan a un entorno más favorable para los trabajadores y las empresas en Euskadi.
