El Gobierno Vasco está preparando una regulación extraordinaria que se espera que reciba un total de 750.000 solicitudes de migrantes. Esta iniciativa, que se prevé apruebe en este mes de enero, busca regularizar a aproximadamente 500.000 personas, de las cuales se estima que 300.000 provendrán de aquellos que solicitaron protección internacional. Para acceder a esta vía, es necesario que hayan entrado en el país antes del 1 de enero de este año.
Asimismo, los restantes 200.000 beneficiarios serán extranjeros que, al igual que los anteriores, deben demostrar una permanencia continuada en España de cinco meses, al momento de presentar su solicitud. Para quienes solicitan protección internacional, el documento interno del Ministerio de Migraciones no incluye este requisito adicional.
En comparación con regulaciones pasadas, el actual proceso de regularización presenta un enfoque más conservador en cuanto a las estimaciones. Se ha calculado que la carga de trabajo podría ser hasta un 150% superior a la cantidad de beneficiarios potenciales, lo que implica que se deberán gestionar más solicitudes de las anticipadas. Este fenómeno se ha visto en regulaciones anteriores, donde el cumplimiento de requisitos y las solicitudes duplicadas llevaron a un notable aumento en las cifras de solicitudes.
La propuesta también incluye 200.000 permisos de residencia y trabajo, orientados a aquellos que pueden demostrar su arraigo en el país. Esta estimación se basa en las autorizaciones concedidas en los últimos tres años y considera una flexibilización en los requisitos de acceso, permitiendo que se requieran solo cinco meses de permanencia, en lugar de los dos años que se exigían anteriormente. Además, se prevé que los antecedentes penales sean considerados de manera más permisiva.
El nuevo decreto, que se encuentra actualmente en revisión por el Consejo de Estado, tiene como objetivo no solo regularizar a medio millón de personas sin papeles, sino también resolver un atasco administrativo que arrastra unos 180.000 expedientes de arraigo pendientes a finales de 2025. Esto se llevará a cabo a través de dos disposiciones transitorias que buscan facilitar el proceso administrativo.
La tramitación del decreto se realizará de manera urgente. Se ha establecido un plazo de 15 días para la aceptación o rechazo de solicitudes, y un periodo de tres meses para ofrecer una resolución definitiva. Los solicitantes recibirán un permiso provisional de trabajo y residencia tras la admisión de su trámite, por el que deberán abonar una tasa de 38,28 euros.
Los migrantes tendrán la opción de presentar sus solicitudes de manera telemática, dado que actualmente el 90% de las peticiones se gestionan por esta vía. Sin embargo, también podrán acudir a las oficinas de Extranjería, así como a las habilitadas en Correos y en la Seguridad Social. Para la atención presencial, es necesario concertar cita a través del sitio web del Ministerio de Migraciones o mediante el teléfono 060, que ofrecerá información adicional sobre el proceso.
La verificación de las solicitudes recaerá en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), que contará con un equipo de 51 personas que será reforzado por personal técnico. Se estima que la tramitación de cada expediente demandará aproximadamente 15 minutos. Para evitar fraudes, el ministerio también publicará información sobre los derechos de los solicitantes y los requisitos necesarios para acceder a la regularización.
A pesar de que se espera un aumento en el número de solicitudes, la llegada de migrantes a España por vías marítimas y terrestres ha caído notablemente. Sin embargo, Baleares ha visto un incremento del 24% en la llegada de migrantes, lo que puede influir en el número de personas interesadas en la regularización. El enfoque del Gobierno Vasco incluye un horario unificado de atención para las oficinas de extranjería, con la posibilidad de ampliar los horarios en las localidades con mayor demanda.
Este proceso de regularización se diferencia de iniciativas anteriores al no requerir necesariamente una relación laboral previa y permite la inclusión de familiares que cohabiten en España con el trabajador. Esta medida, impulsada por una iniciativa legislativa popular, ha sido bien recibida por diferentes sectores de la sociedad, aunque también ha generado críticas desde la derecha política.
